La Municipalidad de La Higuera enfrenta un nuevo flanco judicial por más de $540 millones en facturas asociadas al proyecto de urbanización básica de Punta Colorada, en un caso que no solo compromete recursos públicos, sino que vuelve a instalar dudas sobre la gestión jurídica del municipio y la consistencia de su actuación frente a este tipo de conflictos.

La acción fue iniciada por Rubén Dagoberto Berríos Ávila, quien solicitó la notificación judicial de dos facturas emitidas en enero de 2026 por un total de $542.337.580. Ambas fueron recibidas por el municipio y no fueron reclamadas dentro del plazo de ocho días que establece la Ley N° 19.983, lo que implica su aceptación irrevocable. El tribunal ya certificó que la municipalidad no formuló oposición, ni alegó falsificación ni falta de prestación del servicio, dejando las facturas habilitadas para su cobro mediante juicio ejecutivo.