Municipalidad de La Higuera no impugna facturas por $542 millones y repite patrón de la era Galleguillos

La Municipalidad de La Higuera, bajo la administración de Uberlinda Aquea, enfrenta un nuevo flanco judicial por más de $540 millones en facturas asociadas al proyecto de urbanización básica de Punta Colorada, en un caso que no solo compromete recursos públicos, sino que vuelve a instalar dudas sobre la gestión jurídica del municipio y la consistencia de su actuación frente a este tipo de conflictos.

La acción fue iniciada por Rubén Dagoberto Berríos Ávila, quien solicitó la notificación judicial de dos facturas emitidas en enero de 2026 por un total de $542.337.580. Ambas fueron recibidas por el municipio y no fueron reclamadas dentro del plazo de ocho días que establece la Ley N° 19.983, lo que implica su aceptación irrevocable. El tribunal ya certificó que la municipalidad no formuló oposición, ni alegó falsificación ni falta de prestación del servicio, dejando las facturas habilitadas para su cobro mediante juicio ejecutivo.

Este punto es particularmente sensible. Berríos no es un actor ajeno a las controversias que han marcado la situación financiera del municipio en los últimos años, sino que ha estado vinculado a operaciones de factoring de facturas que han sido cuestionadas en distintas instancias. En ese contexto, la ausencia de una reacción jurídica mínima por parte del municipio —ni siquiera para impugnar o poner en duda la validez de los documentos— resulta difícil de explicar.

La situación plantea una contradicción evidente. Si las facturas son legítimas, la obligación de pago se configura y el municipio debe responder por ella. Pero si existía cualquier duda sobre su origen o procedencia —considerando los antecedentes previos—, lo esperable era una acción inmediata para objetarlas dentro del plazo legal. No ocurrió ni lo uno ni lo otro: no se pagó oportunamente, pero tampoco se impugnó.

Más allá del caso específico, lo que emerge es la reiteración de un patrón que ya se había observado durante la administración anterior de Yerko Galleguillos. En ese periodo, múltiples procesos avanzaron sin defensa efectiva por parte del municipio, permitiendo que deudas escalaran hasta instancias de embargo y ejecución forzada. La expectativa sobre la actual administración era precisamente corregir ese tipo de fallas básicas de gestión.

Sin embargo, lo ocurrido en este caso reproduce la misma lógica: omisión en los plazos, ausencia de respuesta y exposición directa a un cobro ejecutivo. La diferencia es que ahora ocurre bajo una administración que prometió ordenar el funcionamiento institucional y fortalecer los controles internos.

El elemento que complejiza aún más el escenario es la capacidad instalada del propio municipio. La Municipalidad de La Higuera cuenta con un equipo jurídico que, para su tamaño, es considerable. En ese contexto, la falta de actuación frente a un documento que por sí solo supera los 500 millones de pesos no parece atribuible a falta de recursos, sino a problemas de coordinación, control o derechamente de gestión.

El resultado es concreto: las facturas quedaron aceptadas por el solo transcurso del plazo legal, limitando significativamente las posibilidades de defensa posterior. Con ello, el municipio queda expuesto a un proceso ejecutivo que podría derivar en nuevas medidas de apremio, en una comuna que ya ha enfrentado embargos de bienes municipales en el pasado reciente.

El caso vuelve a abrir una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta clara: si la administración actual identificó las irregularidades del periodo anterior, por qué actúa del mismo modo frente a situaciones que exigen precisamente lo contrario. Porque en materias como esta, no responder también es una forma de decidir. Y sus efectos, como ya ha ocurrido antes, terminan trasladándose directamente a las finanzas municipales.