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Tribunal autoriza uso de fuerza pública para retirar maquinaria embargada de la Municipalidad de La Higuera

El conflicto judicial entre Banpro Factoring S.A. y la Ilustre Municipalidad de La Higuera ha escalado a un nuevo nivel. El Tercer Juzgado de Letras de La Serena autorizó el uso de fuerza pública, incluyendo allanamiento y descerrajamiento si es necesario, para concretar el retiro de maquinaria pesada embargada en marzo pasado, como parte del proceso ejecutivo caratulado C-4169-2023.

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|3 de julio de 2025|2 minutos de lecturaAgregar El Comunal
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El conflicto judicial entre Banpro Factoring S.A. y la Ilustre Municipalidad de La Higuera ha escalado a un nuevo nivel. El Tercer Juzgado de Letras de La Serena autorizó el uso de fuerza pública, incluyendo allanamiento y descerrajamiento si es necesario, para concretar el retiro de maquinaria pesada embargada en marzo pasado, como parte del proceso ejecutivo caratulado C-4169-2023.

La resolución fue emitida el 1 de julio de 2025, luego de que un intento previo de retiro de los bienes, realizado el 25 de junio por el receptor judicial Luis Pizarro Carvajal, fuera frustrado por oposición de la abogada Constanza Rojas Videla, quien se encontraba en las dependencias municipales en representación de la alcaldesa Uberlinda Aquea. Pese a haber sido notificada formalmente, la funcionaria se negó a permitir la salida del equipamiento, obligando a que Banpro solicitara apoyo de Carabineros.

Maquinarias comprometidas

Las especies embargadas corresponden a activos para la operación del municipio:

  • Retroexcavadora Caterpillar 420 (2023, patente SRKC.63-5)
  • Retroexcavadora Caterpillar 416E (2009, patente BYVT.29-1)
  • Tractor Massey Ferguson MF275T4 (2000, patente TG.8901-2)

El martillero público designado, Mauricio Bettini Godoy, ya aceptó el cargo, y Carabineros de Chile ha sido facultado para asistir en la ejecución del retiro, incluso forzando la entrada si la municipalidad vuelve a impedir el cumplimiento de la orden judicial.

Una defensa débil y fuera de tiempo

El equipo jurídico del municipio ha intentado frenar los embargos invocando el artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que declara inembargables los bienes esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, la mayoría de estas solicitudes han sido rechazadas por presentarse fuera de plazo, sin pruebas suficientes o por carecer de fundamentos específicos.

Incluso cuando parte de los bienes fueron defendidos con éxito —como ocurrió con una camioneta Navara destinada a seguridad ciudadana—, el resto de la maquinaria quedó expuesta al retiro por no acreditar adecuadamente su carácter esencial.

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