Concejales de La Higuera recurren a Contraloría y acusan a alcaldesa Aquea de actuar con negligencia en remate de terreno de Chungungo

La disputa por la pérdida de un terreno municipal en Chungungo escaló este lunes a un nuevo nivel luego que los concejales Roquer González e Ivana Godoy anunciaran una presentación ante la Contraloría Regional de Coquimbo para que investigue eventuales responsabilidades administrativas de la alcaldesa Uberlinda Aquea y de su equipo jurídico.

La acción surge días después de que la alcaldesa difundiera un video en redes sociales responsabilizando a decisiones adoptadas durante la administración anterior por el remate del inmueble, apuntando especialmente al avenimiento aprobado por el Concejo Municipal en agosto de 2024 en la causa relacionada con Rubén Dagoberto Berríos Ávila.

Sin embargo, los concejales rechazaron esa versión y acusaron directamente a la actual administración de no haber actuado oportunamente para proteger el patrimonio municipal.

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“Los antecedentes que hemos puesto en conocimiento de la Contraloría obedecen a la negligencia de la alcaldesa Uberlinda Aquea y su equipo jurídico que no hicieron nada por defender el patrimonio municipal”, señala la declaración pública difundida por ambas autoridades.

Según el documento, el actuar de la administración habría sido “negligente y tardío”, contribuyendo a la pérdida de un terreno en Chungungo que actualmente es utilizado por familias de la comuna.

El debate por el avenimiento

La controversia se produce en torno al acuerdo judicial aprobado por el Concejo Municipal el 8 de agosto de 2024, cuando la municipalidad buscaba enfrentar la crisis derivada de las facturas emitidas por Rubén Berríos y posteriormente cedidas a empresas de factoring.

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En aquella oportunidad, el acuerdo fue aprobado tras una votación dividida donde los concejales González y Godoy votaron a favor, y contemplaba que Berríos reconociera que determinadas facturas no correspondían a servicios efectivamente prestados, comprometiéndose además a asumir responsabilidades derivadas de las operaciones realizadas con empresas de factoring.

Precisamente ese punto es el que ahora utilizan los concejales para defender su actuación.

En su declaración sostienen que el avenimiento tuvo como objetivo proteger los intereses patrimoniales del municipio y que, posteriormente, la alcaldesa y su equipo jurídico contaban con facultades suficientes para exigir judicialmente el cumplimiento de dicho acuerdo y adoptar nuevas acciones legales en defensa del patrimonio comunal.

Por ello, afirman que resulta incorrecto responsabilizar al Concejo Municipal por el remate del terreno.

Acusan intento de trasladar responsabilidades

Los concejales también cuestionan la estrategia comunicacional desplegada por la administración municipal tras concretarse el remate.

“Nos preocupa profundamente que, además, se haya intentado instalar ante la opinión pública una versión que atribuye responsabilidades a los concejales, sin abordar de manera clara y transparente que las decisiones adoptadas durante el proceso judicial derivaron en el remate de este bien municipal”, sostienen.

La declaración constituye hasta ahora la respuesta más dura de autoridades comunales a las afirmaciones realizadas por la alcaldesa respecto de este caso.

Solicitan investigación y eventual sumario

A través de la presentación realizada ante la Contraloría, González y Godoy solicitaron que el organismo fiscalizador investigue los antecedentes y evalúe la eventual instrucción de un sumario administrativo para determinar si existieron responsabilidades de quienes tenían la obligación legal de resguardar los intereses municipales.

Ahora será la Contraloría la que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para indagar el actuar de la administración de Uberlinda Aquea en los hechos que terminaron con el remate del terreno de Chungungo.