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Jefe de Finanzas de Municipio de La Higuera es sancionado por segunda vez por irregularidades en permisos de circulación
El jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Higuera, Marcelo Araya, habría sido notificado el pasado viernes 4 de julio de una sanción administrativa de tres meses de suspensión del cargo, producto de un sumario instruido por la Contraloría Regional de Coquimbo, derivado de las graves irregularidades detectadas en la emisión y gestión de permisos de circulación.
La sanción se vincula al informe final de auditoría de 96 páginas, emitido por la Contraloría el 12 de octubre de 2023, que también fue enviado a la Fiscalía de La Serena.
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El jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Higuera, Marcelo Araya, habría sido notificado el pasado viernes 4 de julio de una sanción administrativa de tres meses de suspensión del cargo, producto de un sumario instruido por la Contraloría Regional de Coquimbo, derivado de las graves irregularidades detectadas en la emisión y gestión de permisos de circulación.
La sanción se vincula al informe final de auditoría de 96 páginas, emitido por la Contraloría el 12 de octubre de 2023, que también fue enviado a la Fiscalía de La Serena.
Red Comunales consultó a la Municipalidad de La Higuera sobre los detalles de la sanción —duración, si implica goce de sueldo o no, y si corresponde al sumario derivado del informe— pero, se limitó a emitir una escueta declaración institucional:
“Efectivamente, existe una sanción impuesta a uno de nuestros funcionarios en el contexto de un sumario llevado por Contraloría Regional Coquimbo.
Sobre los detalles que vuestro medio consulta, no podemos referirnos, ya que constituye información reservada.
De todas formas, el trabajo municipal continúa como corresponde para las vecinas y vecinos de nuestra comuna”.
Sin embargo, esta afirmación no se ajusta a la normativa vigente. Según el artículo 5° del Reglamento de Sumarios Instruidos por la Contraloría General de la República, los sumarios pierden su carácter de reservados una vez que la resolución definitiva es notificada al funcionario o se ponga en conocimiento de las autoridades correspondientes la resolución definitiva, como ha ocurrido en este caso, por lo que la negativa de la Municipalidad de La Higuera a entregar información —alegando confidencialidad— carece de sustento jurídico.
Los antecedentes que derivaron en la sanción para el jefe de Finanzas fueron conocidos por la actual alcaldesa Uberlinda Aquea antes de asumir el cargo. Cuando pretendía ser candidata, le hicieron llegar toda la información detallada sobre las irregularidades en la emisión de permisos de circulación. Sin embargo, Aquea optó por no denunciar ni actuar políticamente frente a estos hechos, en una actitud que ha sido recurrente en su gestión, evitando los conflictos, aunque eso signifique dejar pasar oportunidades para ejercer liderazgo y marcar una diferencia frente a las prácticas del pasado.
Una historia que se repite: ya había sido sancionado en 2008
No es la primera vez que Marcelo Araya es sancionado por hechos similares. Ya en 2008 fue suspendido por un mes, también por irregularidades relacionadas con el sistema de permisos de circulación. A pesar de ello, ha permanecido por más de 15 años en uno de los cargos más estratégicos del municipio, sin que se haya evaluado su continuidad.
El informe de 2023, la Contraloría reveló un conjunto de irregularidades graves:
- 104 permisos de circulación emitidos de forma anticipada, sin multas ni reajustes por pagos realizados con más de un año y medio de atraso.
- El uso de accesos no autorizados al sistema, solicitados por el propio jefe de Finanzas, incluso en beneficio de su cónyuge.
- La existencia de más de 2.500 folios sin registro de uso ni anulación, lo que abre la puerta a posibles fraudes.
- $7 millones en perjuicio patrimonial por permisos emitidos sin respaldo.
- Más de $1.229 millones ingresados por una empresa automotriz que la municipalidad aún no logra acreditar en su contabilidad.
- Un cheque por $2 millones emitido por la misma empresa que nunca fue cobrado ni registrado.
La gravedad de los hechos llevó a la Contraloría a remitir los antecedentes al Ministerio Público, y a ordenar la restitución de fondos y acreditación de ingresos, bajo advertencia de formular reparos contables.
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