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Con cinco abstenciones, concejo de La Higuera rechaza avenimiento judicial tras polémica explicación de abogada municipal
La aprobación de un avenimiento judicial por 5 millones de pesos en una causa laboral contra la Municipalidad de La Higuera generó dudas en el Concejo Municipal durante la sesión del 4 de marzo, luego de que cinco concejales decidieran abstenerse de votar argumentando que no contaban con antecedentes suficientes para respaldar la decisión.
El acuerdo fue finalmente aprobado únicamente con los votos favorables de la alcaldesa Uberlinda Aquea y del concejal Urbano Morales (PC).
La aprobación de un avenimiento judicial por 5 millones de pesos en una causa laboral contra la Municipalidad de La Higuera generó dudas en el Concejo Municipal durante la sesión del 4 de marzo, luego de que cinco concejales decidieran abstenerse de votar argumentando que no contaban con antecedentes suficientes para respaldar la decisión.
El acuerdo únicamente obtuvo los votos favorables de la alcaldesa Uberlinda Aquea y del concejal Urbano Morales (PC).
La solicitud fue presentada al concejo por una abogada municipal, quien explicó que el acuerdo se alcanzó en el marco de la causa “Sánchez con Ilustre Municipalidad de La Higuera”, y que el tribunal había fijado nuevas bases de conciliación durante la audiencia de juicio realizada la semana pasada.
Según indicó, el avenimiento contempla el pago de cinco millones de pesos al funcionario denunciante y su destinación a la posta rural de Los Choros.
Durante la exposición, la profesional explicó que el trabajador originalmente había solicitado dejar sin efecto su destinación y el pago de una indemnización por daño moral de siete millones de pesos, en el marco de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales.
Advertencia sobre posible derrota judicial
Uno de los argumentos centrales para justificar el acuerdo fue el riesgo de perder el juicio.
La abogada señaló que, en este tipo de causas laborales, la posición del empleador suele ser más débil frente al trabajador y que, en caso de continuar el proceso, existía una alta probabilidad de que el municipio fuera condenado.
En ese contexto, afirmó que el juez que lleva la causa ya habría adelantado su criterio respecto del caso.
“Tenemos la audiencia de juicio radicada con un juez que, por su jurisprudencia, es bastante pro funcionario o pro trabajadores en general, y ya en su oportunidad, en la primera audiencia de juicio que tuvimos, nos mencionó de forma extraoficial que él consideraba que la destinación no estaba bien efectuada”, explicó ante el concejo.
La referencia a un comentario “de forma extraoficial” por parte del juez llamó la atención durante la sesión, ya que en los procesos judiciales las opiniones sobre el fondo de una causa se expresan dentro de las audiencias o resoluciones formales del tribunal. Los jueces pueden proponer bases de conciliación o formular observaciones durante el proceso, pero el adelanto de criterios fuera de las instancias formales suele ser un aspecto especialmente sensible dentro del funcionamiento del sistema judicial.
Abstenciones por falta de antecedentes
Pese a estas explicaciones, la mayoría del concejo optó por abstenerse. Los concejales señalaron que no contaban con suficiente información sobre los antecedentes del caso.
El acuerdo implica un nuevo desembolso para las arcas municipales en el contexto de un creciente número de conflictos laborales que han terminado en pagos judiciales o acuerdos extrajudiciales.
Este episodio volvió a instalar interrogantes sobre las decisiones administrativas que terminan derivando en litigios laborales y sobre la forma en que estos acuerdos se presentan al concejo municipal para su aprobación.
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