Contraloría emite lapidario informe de seguimiento: Municipalidad de La Higuera no corrigió graves irregularidades en 2025

Dos documentos oficiales —el Informe Final N° 590 de 2024 y el reciente Oficio de Seguimiento E120665/2025, ambos emitidos por la Contraloría General de la República— revelan un panorama desolador en la Municipalidad de La Higuera. A diciembre de 2023, el municipio no solo presentaba un desorden contable y financiero, sino también indicios de fraude, facturación falsa y responsabilidad directa de autoridades municipales, entre ellas el exalcalde Yerko Galleguillos.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, la actual administración de Uberlinda Aquea no ha subsanado los hallazgos, y la Contraloría ya anunció un nuevo procedimiento disciplinario por la falta total de avances.

Irregularidades millonarias, facturas falsas y descontrol administrativo

El informe final N° 590 de 2024, elaborado como parte del proceso de cierre de gestión para alcaldes no reelectos, detalló un conjunto de irregularidades que comprometen la transparencia, la legalidad y el funcionamiento de la entidad edilicia:

• La situación financiera del municipio no pudo ser determinada por Contraloría debido a la falta de confiabilidad de sus registros contables.
• Se detectó un mal devengo de $87 millones, pago de facturas atrasadas por más de $5 millones, y múltiples deudas sin registrar.
• Empresas como Agrocomercial Ibiza SpA y Comercial AMT SpA emitieron facturas por más de $1.400 millones sin respaldo, las que fueron luego cedidas a empresas de factoring para su cobro.
• El exalcalde Yerko Galleguillos tuvo participación directa, entregando cotizaciones a funcionarios y manteniendo comunicación con las empresas involucradas.
• Se detectó la duplicación de facturas emitidas por Rubén Berríos Ávila: una fue pagada y otra enviada a factoring sin ser rechazada, facilitando el cobro irregular.

Inacción actual ante las alertas: Contraloría exige nuevas sanciones

A pesar de la contundencia del informe de 2024, un nuevo documento de seguimiento emitido el 17 de julio de 2025 muestra que la actual administración de la Municipalidad de La Higuera no ha corregido ni respondido a 23 observaciones, consideradas de alta complejidad. Entre los incumplimientos más graves:

• No se ha regularizado el inventario municipal.
• No se elaboraron procedimientos para aceptar o rechazar facturas electrónicas.
• No se corrigieron saldos contables ni se registraron pasivos críticos, como cotizaciones previsionales o deudas con el Fondo Común Municipal.

Frente a este incumplimiento, la Contraloría anunció la apertura de un nuevo procedimiento disciplinario, que se suma a otros dos ya iniciados por irregularidades contables y facturación fraudulenta.

La Contraloría Regional de Coquimbo constató que la Municipalidad de La Higuera no respondió a ninguno de los requerimientos formulados en el informe final anterior, a pesar de múltiples solicitudes formales y reuniones sostenidas con directivos municipales. Ante esta evidente inacción, el ente fiscalizador otorgó un plazo de 60 días hábiles para que el municipio subsane los incumplimientos y remita la documentación de respaldo. Además, instruyó que se abra un nuevo procedimiento disciplinario para investigar las responsabilidades administrativas por la falta de respuesta, el cual debe ser informado en un plazo de 15 días hábiles.

Asimismo, como parte de su análisis, la Contraloría enfatiza que recae en la jefatura de la entidad —es decir, en la alcaldesa Uberlinda Aquea— la obligación legal de ejercer el debido control jerárquico. Este deber incluye no solo asegurar la legalidad y oportunidad de las actuaciones del personal bajo su dependencia, sino también velar por la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales.

Posibles responsabilidades penales y fiscales

El caso no solo tiene consecuencias administrativas. La Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público (Fiscalía Local de La Serena) y al Servicio de Impuestos Internos (SII), abriendo la puerta a investigaciones penales por delitos tributarios y malversación de fondos públicos.