Justicia ordena a Municipalidad de La Higuera pagar $39 millones por despido nulo de trabajador del alcantarillado

El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena declaró nulo el despido de un trabajador contratado por Rubén Berríos y condenó solidariamente a la municipalidad. La deuda casi se triplicó por falta de pago y el caso vuelve a cuestionar el manejo jurídico del municipio.

En enero de 2024, el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena declaró nulo el despido de Ricardo Mita, ex inspector de obras en el proyecto de casetas sanitarias y alcantarillado de La Higuera, condenando al contratista Rubén Dagoberto Berríos Ávila y a la Ilustre Municipalidad de La Higuera, como responsables solidarios, al pago de indemnizaciones y prestaciones laborales.

El despido ocurrió el 10 de marzo de 2023, cuando el trabajador fue separado verbalmente de sus funciones y acusado de robo de materiales, sin que se acreditara causal legal. En enero de 2024, el tribunal acogió la demanda laboral, declarando la nulidad del despido y fijando inicialmente una deuda de $13,1 millones. Sin embargo, debido al paso del tiempo, reajustes e intereses, el monto ascendió a $39.236.949, según la última liquidación practicada en agosto de 2025.

El expediente de la causa laboral, muestra que la municipalidad nunca se hizo parte del juicio, ni durante la administración de Yerko Galleguillos —cuando ocurrió el despido— ni en la actual gestión de Uberlinda Aquea. Esto permitió que la deuda aumentara y el municipio quedara expuesto a sanciones.

Durante la tramitación, el abogado del trabajador, Boris Monárdez, solicitó el arresto nocturno de la alcaldesa Uberlinda Aquea como representante legal de la municipalidad por el no pago de la condena. No obstante, el tribunal rechazó esa petición, ordenando en su lugar que la alcaldesa emita un decreto alcaldicio de pago en un plazo de 15 días hábiles.

El caso también tiene otros elementos llamativos: entre los litigantes figura el abogado José Miguel Banda Miranda, quien fue contratado por Galleguillos en otros procesos judiciales vinculados a facturas falsas emitidas por el mismo Berríos, hechos que hoy están bajo investigación penal.

La resolución de agosto de 2025 obliga expresamente a la Municipalidad a pagar el monto actualizado. La situación se suma a otros procesos civiles y laborales que afectan a la comuna, reavivando las críticas al manejo jurídico municipal y a la falta de acciones oportunas para proteger las arcas públicas.

No es el único caso

La situación de Ricardo Mita no es aislada. En enero de 2024, el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena también acogió la demanda por nulidad del despido de Andrea Margot Chevair Carvajal, guardia de seguridad que prestaba servicios en la Posta de Caleta Los Hornos.

Chevair fue contratada por la empresa Hogar Plus Chile Ltda., con domicilio en la ciudad de Pucón, que mantenía un contrato de prestación de servicios con la Municipalidad de La Higuera. Al término de su vínculo laboral, la trabajadora no recibió el pago íntegro de sus cotizaciones previsionales ni otras prestaciones, lo que derivó en una condena solidaria contra la empresa y la Municipalidad.

La sentencia ordenó el pago de cotizaciones, remuneraciones devengadas bajo la sanción de nulidad del despido, feriado proporcional y sueldos adeudados, alcanzando un total de $15.217.730 según la última liquidación de fecha 4 de junio de 2025. El fallo quedó firme y ejecutoriado en mayo de 2025, sin que la empresa o el municipio acreditaran su cumplimiento en el plazo legal.

Posibles responsabilidades por inacción

La reiteración de condenas impagas contra la Municipalidad de La Higuera podría tener consecuencias mayores. Aunque muchas de estas demandas laborales se originaron durante la administración anterior, la actual alcaldesa Uberlinda Aquea es la representante legal del municipio y tiene el deber de adoptar medidas para evitar que continúen generando pérdidas a las arcas comunales.

La falta de pago oportuno y la ausencia de una estrategia jurídica clara han llevado a que montos inicialmente menores se incrementen con reajustes e intereses, como ocurrió en los casos de Mita y Chevair. Esta inacción podría configurar un notable abandono de deberes, figura contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la cual sanciona a las autoridades que, por omisión o negligencia, provocan un daño patrimonial o institucional al municipio que dirigen.

A pesar de las críticas al desempeño del equipo jurídico municipal, acusado de no reaccionar a tiempo ni defender con eficacia los intereses de la comuna, la alcaldesa ha defendido públicamente a sus asesores legales en reiteradas ocasiones, manteniéndolos en sus cargos y justificando su gestión.