Nuevo revés para La Higuera: Corte confirma rechazo de demanda por deuda con el Gobierno Regional de Coquimbo

La estrategia judicial de la Municipalidad de La Higuera para intentar declarar prescrita una deuda cercana a los $44 millones con el Gobierno Regional de Coquimbo volvió a sufrir un revés. La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la resolución de primera instancia que acogió la objeción presentada por el Gobierno Regional y dejó fuera de tramitación la demanda impulsada por el municipio.

El fallo se suma a una serie de cuestionamientos que ya habían surgido respecto de la forma en que fue presentada la acción judicial. En marzo, El Comunal informó que el Gobierno Regional había acusado deficiencias en la demanda municipal y posteriormente el tribunal acogió la objeción, calificando la presentación como insuficiente para avanzar en el proceso.

La Municipalidad de La Higuera apeló esa decisión, argumentando que el tribunal había confundido los requisitos formales de admisibilidad con cuestiones que debían discutirse durante el juicio. En su recurso, el municipio sostuvo que no correspondía exigir en esta etapa antecedentes probatorios como las fechas exactas de las transferencias o los documentos específicos de los convenios, ya que esas materias debían ser objeto de discusión posterior.

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Sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la resolución recurrida, manteniendo el rechazo de la demanda.

La consecuencia práctica es relevante, porque la estrategia judicial diseñada por el equipo jurídico municipal para intentar resolver el conflicto mediante la prescripción no logró siquiera avanzar hacia la discusión de fondo.

Pero el problema no se limita al expediente judicial.

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Durante la sesión ordinaria 48 del 24 de marzo de 2026, del Concejo Municipal, la propia alcaldesa Uberlinda Aquea reconoció que la deuda con el Gobierno Regional se ha transformado en un obstáculo para nuevos proyectos e inversiones en la comuna. Según se expuso en la sesión, mientras la situación no sea resuelta, existen iniciativas que permanecen paralizadas o sin posibilidad de avanzar mediante nuevos convenios con el Gobierno Regional.

Entre los proyectos mencionados se encuentran iniciativas como la cancha de El Trapiche y una sede para Los Choros, que se mantenían condicionadas por la situación financiera y administrativa derivada de las rendiciones pendientes.

La discusión instaló una contradicción difícil de resolver para la administración de Aquea. Por una parte, existe presión para solucionar la deuda y desbloquear proyectos necesarios para la comuna. Por otra, el equipo jurídico ha sostenido que pagar o renunciar a la acción de prescripción podría eventualmente generar responsabilidades administrativas para quienes adopten esa decisión.

Durante ese concejo, desde la unidad jurídica se explicó precisamente que el municipio no podía simplemente abandonar la estrategia de prescripción por el riesgo de enfrentar posteriormente un juicio de cuentas.

Sin embargo, esa estrategia acaba de recibir un nuevo golpe judicial.

El problema, entonces, ya no es solamente determinar si la deuda está prescrita o si corresponde pagarla. También comienza a surgir una pregunta sobre la forma en que la Municipalidad de La Higuera decidió enfrentar judicialmente el conflicto.

Porque si la tesis de la prescripción era considerada lo suficientemente importante como para mantener bloqueada una eventual solución administrativa y, al mismo tiempo, impedir el avance de nuevos proyectos, resulta inevitable preguntarse por qué la demanda presentada para defender esa posición terminó siendo rechazada por defectos en su formulación y por qué la apelación posterior tampoco logró revertir esa situación.

La situación es especialmente compleja considerando los antecedentes recientes de la gestión jurídica municipal. En los últimos meses, la administración ha debido enfrentar diversos procesos judiciales y cuestionamientos sobre la forma en que el municipio ha actuado —o dejado de actuar— frente a causas que involucran importantes recursos públicos.

En este caso, el resultado vuelve a poner bajo escrutinio al equipo jurídico de la Municipalidad de La Higuera y en el liderazgo de Uberlinda Aquea. La Corte no resolvió que la deuda esté o no prescrita. Tampoco determinó que el municipio deba necesariamente pagarla. Lo que confirmó fue algo anterior: que la demanda presentada por la municipalidad no superó los cuestionamientos formales planteados por el Gobierno Regional.