Red de intereses: denuncian vínculos familiares y empresariales en política habitacional de La Higuera

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Una serie de testimonios y antecedentes revelan que, en La Higuera, la orientación y postulación a subsidios habitacionales dependerían de las gestiones de un solo funcionario municipal. Denuncias indican que esta intermediación habría favorecido a un círculo reducido de empresas vinculadas entre sí, restringiendo la libre elección de los beneficiarios y concentrando el mercado en manos de un constructor con nexos directos en el municipio. La alcaldesa conocía los antecedentes, pero el sistema sigue operando.

En La Higuera, cientos de familias esperan año tras año una oportunidad para dejar atrás la precariedad de sus viviendas. La dispersión geográfica, la escasez de urbanización y un déficit habitacional que no cede han convertido el acceso a un subsidio en una verdadera carrera de obstáculos. En ese recorrido, un nombre se repite: Felipe Quispe Quispe.

Según información de Transparencia, Felipe Quispe ingresó al municipio de La Higuera el 03 de noviembre de 2011, bajo la administración de Sylvia Clavería (PS), como técnico en el Departamento Social. Luego, en el 2015 fue designado como jefe del departamento por Yerko Galleguillos (UDI).

Desde su cargo como encargado de la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de La Higuera y contraparte municipal del Programa de Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Quispe concentra buena parte de las gestiones para orientar a los postulantes, recomendar entidades patrocinantes y coordinar proyectos con las constructoras que ejecutan las obras. Su papel es decisivo: un vecino que busca construir o mejorar su casa pasa, tarde o temprano, por su oficina.

El procedimiento, en el papel, es claro. Los programas más usados son el DS.10 —para construcción en sitio propio— y el DS.49 —para sectores vulnerables—. El primero puede alcanzar hasta 1.800 UF ($70 millones aproximadamente) y permite levantar viviendas sólidas y de mayor superficie; el segundo, con un monto base de 740 UF, se reduce si ya existe alguna obra recepcionada en el terreno, como una caseta sanitaria, quedando en torno a 700 UF ($27 millones aproximadamente).

En ambos casos, la Entidad Patrocinante (EP) es la pieza que articula el proyecto: se encarga de elaborar el expediente técnico y social, ingresar la postulación al SERVIU y acompañar a la familia hasta la entrega. La normativa establece que la elección de esta entidad corresponde al postulante, con libertad para optar entre todas las EP que cuenten con Convenio Regional de Asistencia Técnica (CRAT) vigente.

Pero en La Higuera, según denuncias y testimonios recogidos por Red Comunales, esa libertad se ha visto condicionada. Lo que para la ley debe ser una decisión de la familia, en la práctica, estaría quedando bajo la influencia de un solo funcionario y, según los antecedentes, terminarían siempre en las mismas manos.

El patrón denunciado

Los testimonios y antecedentes revisados por Red Comunales apuntan a un modus operandi que se repite. Vecinos que acudían a la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de La Higuera en busca de orientación para postular a un subsidio —fuera DS.10 o DS.49— escuchaban casi siempre la misma respuesta: en La Higuera, “solo una empresa” estaba dispuesta a trabajar en la comuna.

Esa empresa era la Sociedad Constructora Nuevo Norte Ltda., propiedad de Juan Bautista Cortés Arancibia, o bien una de sus entidades patrocinantes asociadas: AIC Arquitectura Ingeniería & Construcción SpA o, más recientemente, Consultora Diaguita Ltda.. Según la denuncia, el encargado municipal no solo omitiría informar a los postulantes sobre las demás EP con convenio vigente en la región, sino que directamente cerraba las puertas a aquellas que manifestaban interés.

En 2024, dos entidades patrocinantes —Sociedad Inmobiliaria INDIC Ltda. y Urban Hikza SpA— llegaron a reunirse con el municipio para evaluar proyectos. Ambas, según la información recopilada, fueron descartadas por decisión de Felipe Quispe. Sin embargo, el 14 de junio de 2025 INDIC Ltda. sostuvo una reunión informativa con vecinos de La Higuera, organizada por la Junta de Vecinos local, para explicar las distintas posibilidades de postulación a subsidios habitacionales DS.10 o construcción en sitio propio.

De acuerdo a lo informado por la propia Junta de Vecinos en redes sociales, el encuentro tuvo alta asistencia y permitió resolver dudas de la comunidad. La empresa se llevó listados de postulantes para analizarlos y comenzó a comunicarse directamente con las familias para asesorarlas en los pasos a seguir, anunciando una segunda visita para atender casos individuales. La directiva vecinal subrayó que su objetivo es “transparentar por qué durante mucho tiempo no se trabajó en estas problemáticas” y demostrar que existen más empresas dispuestas a operar en la comuna, “no como se ha estado engañando por un funcionario (aludiendo a Felipe Quispe) que solo una empresa era la interesada en venir a construir casas que no cumplen con los requisitos mínimos para dar real solución y dignidad a esta necesidad”.

La concentración no es casual. Las empresas beneficiadas no solo comparten obras y clientes, sino también vínculos personales y direcciones. El caso más llamativo es el de Consultora Diaguita Ltda., que comenzó a operar en mayo de 2024 con oficina en Marta Brunet N°53, La Higuera, inmueble que también utilizaba la constructora de Juan Cortés y cuya dirección está registrada en SERVIU. Desde esa ubicación se captaban casos, se tramitaban subsidios y, finalmente, se adjudicaban obras al mismo círculo.

En teoría, la libre elección de EP por parte del beneficiario debería garantizar diversidad de oferentes y competencia por mejores propuestas. En la práctica, en La Higuera, las decisiones pasaban por un solo escritorio, y el resultado era siempre el mismo: un puñado de empresas, un mismo modelo de vivienda y, en algunos casos, proyectos inconclusos.

De acuerdo con los testimonios, Felipe Quispe, como encargado de la Oficina de Vivienda, haría el nexo directo entre quienes solicitaban apoyo para postular a subsidios y el constructor Juan Bautista Cortés Arancibia, presentándolo como la “única empresa” interesada en la comuna. Hasta el año pasado, Cortés trabajaba de la mano con la Entidad Patrocinante AIC Arquitectura Ingeniería & Construcción SpA, ya que las constructoras necesitan una EP para realizar la gestión ante el SERVIU.

Las mismas fuentes señalan que Quispe sería quien entregaba directamente a Cortés los contactos de postulantes, para que este los abordara y, a través de una EP de su confianza, concretara la postulación y posteriormente la construcción. También apuntan que otro funcionario que conocería de cerca a Cortés es el director de Obras Municipales, Sebastián Argandoña, responsable de emitir los permisos de edificación, y que su relación con Quispe sería estrecha.

Según esta versión, Quispe tomaría de manera interna y arbitraria decisiones que deberían recaer en los propios postulantes, ocultando información y orientando el proceso hacia empresas de su interés. Al carecer de formación técnica en el área habitacional, delegaría el acompañamiento en Cortés, quien tampoco tendría la preparación profesional necesaria y ajustaría las condiciones a su propio beneficio económico. En palabras de la denuncia, la actual situación de déficit habitacional de La Higuera estaría, de facto, en manos de este constructor, con el respaldo y la intermediación del funcionario municipal.

Hechos y fechas clave

La secuencia de eventos que dibuja el patrón denunciado comienza antes incluso de que aparezca el nombre de Consultora Diaguita en el mapa local.

El 19 de julio de 2023, la Dirección de Obras Municipales recepcionó la última vivienda construida en La Higuera bajo el subsidio DS.10 y de material sólido. El proyecto fue ejecutado por la Sociedad de Consultoría Técnica Rolando Silva y Compañía Ltda. Poco después, esa empresa dejó de operar en la comuna. Desde entonces, las construcciones sólidas fueron reemplazadas por casetas sanitarias y un puñado de viviendas de material ligero.

El 17 de septiembre de 2023, María Elizabeth Quispe Valdivia —madre de Felipe Quispe— ingresó como socia con un 50% de participación en Consultora Diaguita Ltda. La otra socia, a quien le correspondía el otro 50%, es Teresita De Lourdes Cortés Arancibia, hermana de Juan Bautista Cortes Arancibia, dueño de la Sociedad Constructora Nuevo Norte Ltda., y de Claudio Enrique Cortés Arancibia.

El 10 de mayo de 2024 tuvo lugar una reunión en la sede del Club de Cueca Renaciendo, convocada por Juan Bautista Cortés Arancibia y el concejal Roquer González. Allí, Cortés habría asegurado a los asistentes que el SERVIU ya no permitía viviendas de ladrillo por “normas térmicas”, afirmación que, según especialistas, carece de sustento técnico y normativo. La profesional que asistió en representación municipal advirtió internamente que se trataba de una información falsa, pero habría recibido como respuesta de Felipe Quispe un lacónico: “negocios son negocios”.

El mismo 10 de mayo, el concejal Roquer González publicó en Facebook una foto de esa reunión, con el siguiente texto (SIC): “Terminada la Reunión con La Consultora, y las Familias postulantes a su sueño la vivienda, sabemos que un gran proceso, pero no bajaremos los brazos hasta lograrlo. 10 Familias de La Higuera buscan la oportunidad de tener su casa propia y digna que a futuro le dará mejor calidad de vida y como Concejal desde el primer día me he comprometido, apoyar a este grupo de vecinos y ya estamos avanzando que es lo primordial.”.

El 30 de mayo de 2024, Consultora Diaguita Ltda. obtuvo convenio con el SERVIU para operar como Entidad Patrocinante. Al poco tiempo, arrendó un inmueble en Marta Brunet N°53, La Higuera, dirección que también utilizaba la Sociedad Constructora Nuevo Norte Ltda.

El 4 de octubre de 2024, Quispe presentó a Rubén Orrego Bugueño, dueño de AIC Arquitectura Ingeniería & Construcción SpA, como la entidad encargada de tramitar el DS.10 para la sede de la Junta de Vecinos La Higuera y 24 casos de mejoramientos.

En marzo de 2025, la funcionaria municipal, que asistió a la reunión del 10 de mayo de 2024, descubrió que las viviendas ofrecidas por AIC eran idénticas a las promovidas por Cortés en 2024, confirmando así el vínculo operativo entre ambas empresas.

El 30 de junio de 2025, la misma profesional fue desvinculada del municipio. Según su testimonio, la salida obedeció a una denuncia presentada por la encargada social del Programa Quiero Mi Barrio y respaldada por Felipe Quispe, en el marco de la aplicación de la denominada Ley Karin. Sin embargo, desde el municipio aseguran que el término del vínculo no tuvo ese fundamento legal.

Apenas tres días después de esa desvinculación, el 3 de julio de 2025, María Elizabeth Quispe se retiró de Consultora Diaguita, traspasando su participación a Daniel Ernesto Vega Castillo —jefe de terreno en AIC— y a Claudio Enrique Cortés Arancibia, hermano de Juan Bautista. Correspondiéndole el 25% del total de la empresa a cada uno.

Finalmente, el 22 de julio de 2025, durante la sesión ordinaria N° 23 del Concejo Municipal, la concejala Ivonne Valenzuela cuestionó públicamente la gestión de Quispe. La alcaldesa lo defendió, asegurando que “no hay otras empresas interesadas” en trabajar en la comuna. Quispe, presente en la sala, no pidió la palabra.

La estructura empresarial y los vínculos

El mapa de relaciones que surge de los antecedentes revisados muestra un entramado donde funcionarios, familiares y empresas privadas se cruzan de manera reiterada.

En el centro está Felipe Quispe, encargado de la Oficina de Vivienda y contraparte del Programa de Recuperación de Barrios. Su madre, María Elizabeth Quispe Valdivia, ingresó el 17 de septiembre de 2023 como socia mayoritaria (50%) de Consultora Diaguita Ltda. (RUT 76.394.622-3), empresa que en menos de nueve meses obtuvo convenio SERVIU para operar como Entidad Patrocinante.

Quispe Valdivia tiene una extensa trayectoria en el ámbito municipal y en programas habitacionales. Fue candidata a concejal en Ovalle en 2008 por el Partido Socialista, obteniendo 1.174 votos (3,15%). En 2009 se desempeñó como coordinadora regional del programa “Quiero Mi Barrio” del MINVU y, en 2014, fue jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Ovalle. Según registros administrativos de junio de 2025, continúa ejerciendo como asistente social en el área de Desarrollo Social del mismo municipio, con asignaciones especiales. De acuerdo con el último padrón del PS, ni ella ni su hijo Felipe militan actualmente en esa tienda política.

La dirección registrada para la consultora fue Marta Brunet N°53, La Higuera. No se trataba de una simple oficina: el inmueble también funcionaba como base de operaciones de la Sociedad Constructora Nuevo Norte Ltda. (RUT 76.936.340-8), controlada en un 92% por Juan Bautista Cortés Arancibia.

El 3 de julio de 2025, María Elizabeth Quispe se retiró de la sociedad, traspasando su participación a dos figuras directamente conectadas al círculo:

• Daniel Ernesto Vega Castillo, jefe de terreno en AIC Arquitectura Ingeniería & Construcción SpA (RUT 76.651.166-K), empresa que ya había trabajado en proyectos derivados por Quispe.
• Claudio Enrique Cortés Arancibia, hermano de Juan Bautista Cortés y, por tanto, parte de la misma red familiar que controla Nuevo Norte.

Este cruce entre consultoras, constructoras y direcciones compartidas no es un hecho aislado. Antes de la irrupción de Consultora Diaguita, la otra gran Entidad Patrocinante usada en la comuna era AIC Arquitectura, de Rubén Orrego Bugueño. Según los antecedentes, AIC gestionó al menos tres subsidios en La Higuera —los casos de Luis Torres Torres, Nilda Molina Velasco y un tercero en Los Choros— cuyas viviendas, a la fecha, no están recepcionadas ni habitadas por sus beneficiarios.

El patrón es claro:

1. Los postulantes llegaban a la Oficina de Vivienda de la Municipalidad de La Higuera.
2. Eran derivados, directa o indirectamente, a un reducido grupo de empresas ligadas entre sí.
3. La Entidad Patrocinante preparaba el expediente y gestionaba el subsidio ante el SERVIU.
4. La constructora ejecutaba las obras, generalmente de material ligero, con problemas de calidad o sin recepción definitiva.

La combinación de vínculos familiares, direcciones compartidas y traspasos societarios entre actores del mismo circuito plantea un escenario de posible conflicto de interés que, hasta ahora, no ha sido abordado por el municipio ni por el SERVIU.

Según los antecedentes recopilados, Felipe Quispe evitaría dejar constancia escrita de sus gestiones. No utilizaría correos electrónicos ni mensajería instantánea para coordinar derivaciones o respaldar empresas; en cambio, privilegiaría reuniones presenciales y llamadas telefónicas. De acuerdo con testimonios, todo nexo entre los vecinos y las empresas lo realizaba a través del concejal Roquer González. Más recientemente, habría sumado a la concejala Yudis González, de El Trapiche, a este circuito de contactos. Esta modalidad, que prescinde deliberadamente de registros formales, dificulta la trazabilidad de las decisiones y la fiscalización posterior.

Para contrastar la información, Red Comunales consultó directamente a los concejales mencionados en los testimonios, Roquer González y Yudis González, si tenían alguna vinculación con las empresas consultoras señaladas o si habían recibido solicitudes para gestionar reuniones con vecinos para canalizar postulaciones a subsidios habitacionales.

Roquer González fue categórico: “Yo no tengo nada que ver con esas tres situaciones, por lo tanto, creo que debiesen verlo con el municipio donde trabaja Felipe. No puedo dar explicaciones de algo que no estoy seguro si es así como ustedes lo mencionan. Ahora, solo he ayudado a algunos vecinos a tener la posibilidad de postular como empuje, pero temas más allá de supuestas irregularidades no tengo mayor información”.

En el caso de la concejala Yudis González, la respuesta inicial no abordó la pregunta, limitándose a señalar que “jamás” se ha acercado a la Oficina de Vivienda. Tras reiterarle la consulta, contestó que “Felipe nunca me ha pedido reuniones con vecinos para la postulación de vivienda o me ha recomendado ninguna consultora. Yo estoy ayudando a un comité, pero todavía andamos viendo cuál sería nuestra mejor opción; hasta el momento llevamos dos, pero eso lo tiene que decidir la directiva y los beneficiarios”.

La dificultad de la concejala para responder con claridad, incluso luego de reformular la pregunta, dejó sin precisar su eventual rol en la conexión entre vecinos y empresas.

El mecanismo de las casetas sanitarias

Uno de los elementos más controversiales del caso es la instalación masiva de 184 casetas sanitarias en distintos sectores de La Higuera. A simple vista, se trataba de una mejora para las familias sin baño o conexión sanitaria. Sin embargo, en términos administrativos, la medida tuvo un efecto directo y duradero: cada caseta, al ser recepcionada por la Dirección de Obras Municipales como una edificación nueva, inhabilitó a su propietario para postular al subsidio DS.10 (construcción en sitio propio), dejándolo únicamente con la opción del DS.49 (Fondo Solidario de Elección de Vivienda).

La diferencia es considerable. El DS.10 puede financiar viviendas sólidas de mayor superficie, con un monto que ronda las 1.800 UF ($70 millones aprox.). En cambio, el DS.49 parte en 740 UF y, en estos casos, se reducía en 40 UF por el valor de la caseta sanitaria, quedando en 700 UF ($27 millones aprox.). Menos dinero significa, inevitablemente, viviendas más pequeñas y construidas con materiales más económicos.

Según vecinos, habría sido el propio Felipe Quispe quien los convenció de aceptar la caseta sanitaria, asegurando que más adelante recibirían una ampliación que incluiría dormitorios y living-comedor. Hasta hoy, esa promesa no se ha concretado.

El cambio en el tipo de subsidio benefició indirectamente al mismo circuito de empresas que ya controlaba buena parte de las postulaciones. Proyectos de menor valor permiten a las constructoras ajustar costos reduciendo superficie y materialidad, manteniendo su margen.

Para los beneficiarios, en cambio, la consecuencia fue otra: perdieron el derecho a acceder al subsidio de mayor monto y, en algunos casos, terminaron con viviendas que no han sido recepcionadas y que no pueden habitar.

Casos concretos de beneficiarios

Detrás de las cifras y los convenios hay personas que siguen esperando vivir en las casas que les prometieron. En La Higuera, al menos tres proyectos asociados a este circuito empresarial permanecen inconclusos o en disputa.

Luis Torres Torres y Nilda Molina Velasco recibieron la buena noticia de que sus subsidios habían sido aprobados. La Entidad Patrocinante asignada fue AIC Arquitectura Ingeniería & Construcción SpA, vinculada a Rubén Orrego Bugueño, y la constructora ejecutora, la Sociedad Constructora Nuevo Norte Ltda., controlada por Juan Bautista Cortés Arancibia. Sin embargo, al día de hoy, ambas viviendas siguen sin recepción definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales y no pueden ser habitadas.

El tercer caso se ubica en Los Choros con Carlos Fredes como afectado y, aunque los antecedentes completos están aún en investigación, presenta el mismo patrón: subsidio gestionado por AIC, construcción a cargo de Nuevo Norte, problemas de calidad y falta de recepción.

En todos ellos, los beneficiarios han intentado obtener una solución formal. Han presentado reclamos ante el SERVIU, la alcaldesa y la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN). Las respuestas han sido nulas o insuficientes. La molestia no solo radica en la demora, sino en que, además, muchos de estos vecinos aceptaron casetas sanitarias con la promesa de ampliaciones futuras, lo que además los dejó fuera del subsidio DS.10, limitándolos a un DS.49 de menor monto.

No son los únicos. La concejala Ivonne Valenzuela asegura conocer otros casos similares, incluyendo el de una beneficiaria que debió demoler su vivienda para acceder a un subsidio, pero cuya nueva casa aún no se ha comenzado a construir. El temor de los vecinos es que las obras terminen abandonadas, como ya ha ocurrido con otras viviendas levantadas con recursos públicos en la zona.

En El Trapiche se repite la misma situación, donde existirían varios casos de vecinos que habrían obtenido el subsidio, pero llevan mucho tiempo esperando a que les construyan las viviendas.

La versión de Constructora Nuevo Norte

Juan Bautista Cortés Arancibia, representante y propietario de la Sociedad Constructora Nuevo Norte Ltda., entregó a Red Comunales su versión frente a las denuncias que lo vinculan con un eventual direccionamiento de postulantes a subsidios habitacionales en La Higuera.

Según su relato, su vínculo con la comuna comenzó en 2018, cuando llegó junto a la consultora Díaz Ingenieros para desarrollar proyectos habitacionales. En ese proceso, un grupo de vecinos —entre ellos la señora Nilda y don Carlos Fredes, de Los Choros— se acercó para trabajar con él. Tras el cierre de esa consultora en 2022, continuó gestionando iniciativas con otra firma, AIC, de Combarbalá, “sin ningún vínculo con el municipio ni con Felipe Quispe”. Asegura que la mayoría de los beneficiarios actuales llegaron a él “por iniciativa propia” y que desde 2018 “Felipe Quispe no me ha derivado un solo caso”.

Cortés reconoce que conoce a Quispe “desde que salió de la universidad, cuando hizo su práctica en su empresa” y que es amigo de María, su madre, pero sostiene que “un mayor vínculo con él no hay”. Explica que los proyectos más recientes se trabajaron junto al concejal Roquer González, “aunque ninguno llegó a puerto por diversos motivos”.

Respecto a Consultora Diaguita Ltda., confirma que fue creada en 2023 y que estuvo integrada por su hermana Teresita Cortés Arancibia y por María Elizabeth Quispe Valdivia, madre de Felipe. Afirma que la incorporación de María Quispe se analizó “sin ver incompatibilidad” porque trabajan en varias comunas, pero que ella decidió retirarse para evitar “malos entendidos” por la presencia de su hijo en el municipio de La Higuera. “Sentía que se estaba generando un ruido”, relata. Añade que, hasta la fecha, “no hemos presentado ni un solo proyecto con Diaguita” y que, por problemas logísticos, incluso desistieron de mantener oficina en La Higuera.

Sobre la acusación de que solo su empresa estaría interesada en construir en la comuna, responde: “Yo nunca le he dicho a alguien que no existen otras empresas, ni le he impuesto a nadie que trabaje conmigo. Hago casas en metalcon, y si hay otra empresa que les ofrece ladrillo y la gente prefiere eso, que se vayan con ellos. Es su derecho”. Explica que, desde su perspectiva técnica, el ladrillo no cumple con ciertas exigencias de condensación intersticial y que adaptarlo encarece excesivamente la obra, razón por la cual no lo utiliza.

Cortés se muestra dispuesto a reunirse con la Junta de Vecinos que lo ha cuestionado, “porque no tengo nada que esconder” y porque considera que “la gente debe poder elegir libremente” con quién ejecutar su subsidio. Sobre la presunta relación personal con María Quispe, es tajante: “No soy ni he sido pareja de su madre. Trabajamos juntos en la sociedad un tiempo, pero nada más. No tengo ningún vínculo con Felipe”.

La reacción política

El debate sobre la gestión habitacional en La Higuera llegó al concejo municipal el 22 de julio de 2025, en la sesión ordinaria N° 23 transmitida en vivo. El cruce dejó al descubierto, por primera vez en público, la tensión entre quienes cuestionan el rol del encargado de Vivienda, Felipe Quispe, y la defensa cerrada de la alcaldesa Uberlinda Aquea.

Desde el minuto 57:00 de la grabación, Aquea reconoció que la comuna está “muy abajo” en el programa de emergencia habitacional y sostuvo que la Entidad Patrocinante que trabaja en el territorio “pone muchas trabas” porque “no es atractivo” para ellas operar en La Higuera. Justificó así la falta de proyectos aprobados y, de paso, respaldó un argumento que Quispe ya había usado frente a postulantes: que no había otras opciones. Sin embargo, los antecedentes revisados por Red Comunales demuestran que sí existieron otras empresas interesadas que fueron rechazadas por el propio funcionario.

La alcaldesa aprovechó para insistir en la necesidad de que el municipio cuente con su propia Entidad Patrocinante, con equipo técnico y social propio, lo que —según dijo— permitiría agilizar la gestión de proyectos. Describió la precariedad de muchas viviendas, varias de ellas construidas hace más de 20 años, con problemas estructurales y plagas, y aseguró que “no toda la gente puede repararlas, porque al final sale más caro repararlas que hacerlas de nuevo”.

La concejala Ivonne Valenzuela pidió la palabra para respaldar la idea de una nueva entidad, pero advirtió que el problema también pasa por la falta de información hacia la comunidad. Mencionó casos de adultos mayores que obtuvieron subsidios y llevan más de un año esperando que se inicien las obras, sin obtener respuesta de Quispe. “Mucha gente desconoce que existen subsidios de arriendo, subsidios para el adulto mayor. Esto lo venimos hablando desde el inicio de los concejos, que esta información se entregara a la comunidad. El encargado cumple un rol muy importante, pero hoy estamos fallando. La información no está saliendo. La gente sigue sin saber, y si no se asesora ni se ayuda a postular, ¿para qué tener a una persona encargada en ese departamento?”, cuestionó.

Aquea volvió a intervenir para remarcar que el sentido de la oficina de Vivienda es evitar que los vecinos tengan que ir directamente al SERVIU: “El sentido es que lo hagan acá”, dijo, cerrando el intercambio.

Durante toda la secuencia, Felipe Quispe permaneció en silencio. No pidió la palabra ni respondió a las críticas que lo mencionaban directamente. Para algunos, su mutismo fue una señal de prudencia; para otros, una estrategia para no abrir un flanco en un tema que la alcaldesa había decidido dar por zanjado.

La discusión continuó semanas después. En la sesión N° 25 del 14 de agosto de 2025, Ivonne Valenzuela volvió a insistir en el problema, esta vez señalando directamente la contradicción entre el discurso oficial y la realidad de vecinos con subsidios aprobados desde hace años, cuyas casas fueron demolidas y siguen sin reconstruirse. Mencionó casos específicos en sectores como El Trapiche y criticó que, mientras se repite que no hay empresas interesadas, sí existen constructoras que han manifestado disposición a trabajar en La Higuera, pero no se les han abierto las puertas.

Aquea replicó que la elección de la empresa corresponde al beneficiario y no al municipio, aunque admitió conocer casos pendientes. Valenzuela insistió en que el problema es estructural: “Sí hay empresas que quieren venir, pero no se les da acceso. Hay adultos mayores esperando por años”. El intercambio evidenció que el conflicto no se reduce a un asunto administrativo, sino a un patrón de decisiones que ha limitado la diversidad de oferentes y prolongado la espera de las familias beneficiarias.

Uberlinda Aquea estaba informada

La situación que involucra a Felipe Quispe y a las empresas mencionadas no es desconocida por la jefa comunal. Según pudo confirmar Red Comunales, la alcaldesa Uberlinda Aquea recibió una carpeta con todos los antecedentes documentados. En ese material, se detallaban los vínculos societarios y laborales de las personas y firmas relacionadas con la gestión habitacional en la comuna, así como las posibles irregularidades en la derivación de postulantes hacia determinadas Entidades Patrocinantes. Pese a contar con esta información de manera formal, hasta la fecha no se han conocido medidas concretas adoptadas por el municipio para esclarecer los hechos o modificar los procedimientos cuestionados.

Respuesta municipal

Consultada por Red Comunales, la Municipalidad de La Higuera envió una declaración en la que sostuvo que su gestión “se rige por principios de transparencia y probidad”. Afirmó que, ante cualquier situación administrativa, el deber de la institución es “revisar los antecedentes y asegurar que todo se ajuste a la normativa vigente”.

El municipio recalcó que “hasta ahora no existe ninguna denuncia oficial y formal en los canales correspondientes”, aunque aseguró que de todas formas “recabará los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos señalados si es que existiesen”.