Dictan orden de arresto contra la alcaldesa de La Higuera Uberlinda Aquea por deuda heredada de la gestión anterior

El 1° Juzgado de Letras de La Serena dictó el pasado 18 de agosto una orden de arresto por cinco días contra la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea Barraza, por una deuda de $52,2 millones reclamada por Cumplo Chile S.P.A. La medida, notificada por el estado diario, establece que el arresto quedará sin efecto si se acredita el pago de la obligación.

La resolución ha sido cuestionada por la defensa municipal, que presentó un recurso de reposición el 20 de agosto solicitando dejarla sin efecto. Según el escrito, la deuda corresponde a la factura N° 134 de diciembre de 2022, emitida por Agrocomercial Ibiza SPA y cedida posteriormente a Cumplo Chile. La actual alcaldesa no estaba en funciones cuando se contrajo la obligación, ya que asumió su cargo el 6 de diciembre de 2024.

La defensa argumenta que se trata de una factura ideológicamente falsa, ya que nunca se entregaron los 3.600 sacos de pellets que supuestamente respaldan la deuda, ni existen registros de contrato en el portal de Mercado Público. Un informe de la Contraloría Regional de Coquimbo (N°590/2024) constató un patrón de facturas irregulares durante la gestión del exalcalde Yerko Galleguillos Ossandón, con al menos 13 facturas falsas por más de $1.100 millones y otras 7 por $245 millones, muchas cedidas a empresas de factoring y hoy judicializadas.

En enero de 2025, el municipio presentó una querella contra Galleguillos y otros responsables por falsificación de instrumento privado, estafa, malversación y asociación ilícita, causa que sigue en tramitación. El recurso de reposición invoca además el artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que la medida de arresto solo procede respecto del alcalde que contrajo la deuda.

No obstante, la situación también ha desatado críticas hacia el equipo jurídico de la municipalidad, acusado de no haber actuado con la diligencia necesaria para evitar que se llegara a esta instancia. Diversas voces han señalado que, pese a la existencia de antecedentes sobre la falsedad de las facturas y la querella penal en curso, el municipio no habría ejercido oportunamente las acciones legales y defensas necesarias para impedir que el tribunal decretara el arresto de la actual alcaldesa. Este mal manejo jurídico agrava el escenario y evidencia la necesidad de fortalecer la gestión legal de la casa consistorial.

El tribunal corrió traslado a la contraparte el 21 de agosto, por lo que está pendiente la resolución definitiva sobre la orden de arresto. El caso ha generado debate sobre la responsabilidad por las deudas municipales heredadas, las irregularidades financieras y la eficacia del equipo jurídico para defender los intereses comunales.