Organizaciones civiles exigen al Gobierno respetar la justicia y no seguir frenando el desarrollo de La Higuera y la región de Coquimbo

Las organizaciones sociales, productivas y comunitarias de La Higuera siguieron atentamente los alegatos realizados este jueves en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a propósito del recurso presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ONGs de Santiago que buscan frenar el proyecto Dominga.

El Tribunal Ambiental de Antofagasta ya ordenó el cumplimiento incidental de la sentencia (es decir, que lo decidido por la justicia se cumpla de inmediato y sin más atrasos) respecto al proyecto Dominga.

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“Como comunidades decimos con fuerza que es inaceptable seguir inventando excusas para no respetar una decisión de la justicia que ya está tomada. No queremos más juicios usados con fines políticos que solo retrasan el desarrollo de nuestra comuna”.

Jorge Cabrera, vocero de la Federación de Pescadores de La Higuera Sur, señaló:
“Llevamos más de una década esperando a Dominga. El proyecto ya está aprobado y vigente, pero siguen inventando excusas para retrasarlo. Lo que pedimos es simple: que se respete la decisión tomada y que empiece a generar empleos y beneficios para las familias de nuestra comuna”.

Por su parte, Flor Castillo, vicepresidenta de la Asociación Comunal de La Higuera, expresó: “Como comunidad estamos cansados de que se siga usando a La Higuera como campo de batalla de ONGs y autoridades externas que nada saben de nuestra realidad. Queremos que se respete la institucionalidad y que Dominga comience a ejecutarse, porque es desarrollo real para nuestra gente”.

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En tanto, Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Higuera, enfatizó: “Nuestra comuna necesita inversión, empleo y certezas. Dominga es una oportunidad para diversificar la economía local, no solo con minería, sino también potenciando el comercio, el turismo y los servicios. No podemos seguir atrapados en la incertidumbre por presiones externas”.

Finalmente, las organizaciones hicieron un llamado a que se respete el fallo del Tribunal Ambiental y se garantice la certeza jurídica que el país necesita para atraer inversiones y generar progreso en las regiones.