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Déficit municipal aumenta bajo la administración Aquea: ingresos se desploman y gastos crecen sin control

El panorama financiero de la Municipalidad de La Higuera se oscurece aún más. En la sesión del Concejo Municipal del 26 de agosto, la alcaldesa Uberlinda Aquea reconoció que los ingresos por permisos de circulación cayeron en $415 millones respecto de julio del año pasado, a lo que se suman $18 millones menos en multas y sanciones. Según fuentes municipales, la alcaldesa optó por no trabajar con empresas, particularmente automotoras, que en años anteriores aportaban importantes sumas a través de la inscripción de permisos de circulación, decisión que redujo significativamente la recaudación.

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El panorama financiero de la Municipalidad de La Higuera se oscurece aún más. En la sesión del Concejo Municipal del 26 de agosto, la alcaldesa Uberlinda Aquea reconoció que los ingresos por permisos de circulación cayeron en $415 millones respecto de julio del año pasado, a lo que se suman $18 millones menos en multas y sanciones. Según fuentes municipales, la alcaldesa optó por no trabajar con empresas, particularmente automotoras, que en años anteriores aportaban importantes sumas a través de la inscripción de permisos de circulación, decisión que redujo significativamente la recaudación.

Este desplome de ingresos se suma al déficit heredado de $628 millones al 6 de diciembre de 2024, con deudas pendientes que superaban los $1.200 millones, provenientes de la gestión de Yerko Galleguillos. Sin embargo, las cifras actuales muestran que la brecha no solo no se ha cerrado, sino que tiende a agravarse.

El presupuesto en rojo

El presupuesto inicial aprobado para 2025 era de $7.948 millones, cifra que en junio aumentó a $9.132 millones. Sin embargo, al cierre del primer semestre los ingresos percibidos alcanzaron apenas $4.501 millones, mientras que los gastos devengados ya bordeaban los $4.453 millones, dejando al municipio en el límite del colapso presupuestario.

A septiembre se espera que el déficit se agudice, con mayores compromisos y menor recaudación. La holgura financiera es mínima y se advierte un riesgo cierto de terminar 2025 con un presupuesto desfinanciado.

Hoy la única esperanza de la administración para oxigenar las arcas es el royalty minero, del cual depende en gran medida la estabilidad de las cuentas. A ello se suma que, en el caso de Salud, una parte significativa de los ingresos corresponde en realidad a aportes directos del propio municipio, lo que en la práctica no genera un alivio financiero sino un gasto adicional que profundiza aún más el déficit estructural.

Salud: el epicentro del desastre

El Departamento de Salud Municipal es la unidad más golpeada. En el primer semestre recaudó $1.460 millones, pero gastó $1.616 millones, generando un déficit de $156 millones que no incluye aún los turnos médicos adicionales ni las extensiones horarias.

La situación se agravó con la llegada de Pedro Castillo, exalcalde de Combarbalá, quien primero fue incorporado al departamento y luego designado como director del CESFAM. Bajo su gestión, aumentaron las contrataciones y compromisos financieros, mientras se arrastraba una deuda histórica de más de $285 millones, gran parte de ellos vinculados al Hospital de La Serena.

Salud requeriría al menos $600 millones adicionales solo para sostener la operación hasta fin de año, un escenario que compromete la estabilidad de todo el presupuesto municipal.

Una tormenta financiera sin conducción

El desplome de ingresos, sumado a gastos descontrolados y herencias impagas, dejan al municipio en un escenario crítico. “Si no se adoptan medidas urgentes, La Higuera cerrará 2025 con un déficit presupuestario estructural”, advierten especialistas en gestión municipal.

El problema se agrava por la ausencia total de fiscalización del propio Concejo Municipal. Por ejemplo, tras el reportaje publicado por El Comunal el 8 de agosto —que reveló graves irregularidades en el área de Salud y el colapso de un sistema marcado por contratos dudosos y deudas millonarias—, en la sesión inmediatamente posterior ningún concejal se atrevió a preguntar por las denuncias, los convenios cuestionados ni por la evidente falta de modificaciones presupuestarias. En vez de exigir explicaciones y responsabilidades, optaron por el silencio, dejando a la administración avanzar sin control en medio de un escenario financiero complicado. Esta pasividad no es un error aislado, sino un patrón que demuestra la falta de voluntad política del Concejo para defender los intereses de la comunidad.

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