Contraloría detecta irregularidades en votación del Concejo de La Higuera y exige aclaraciones al municipio

La Contraloría Regional de Coquimbo emitió el oficio E145109/2025, en el que cuestiona duramente la forma en que la Municipalidad de La Higuera aprobó dos transacciones extrajudiciales con exfuncionarios a honorarios. Según el organismo, en la sesión ordinaria N°20 del concejo, realizada el 10 de junio de este año, las propuestas no alcanzaron el quórum legal necesario, pese a que el acta municipal las consigna como aprobadas.

De acuerdo con el análisis del ente contralor, las materias tratadas en los puntos 3.1 y 3.2 de la tabla obtuvieron apenas tres votos favorables —incluyendo el de la alcaldesa—, dos abstenciones y un rechazo. Con seis autoridades presentes, la ley exige al menos cuatro votos afirmativos para aprobar una transacción. “No se advierte bajo qué fundamento en el acta respectiva aparece que tales propuestas habrían sido aprobadas”, señala el documento, instruyendo al municipio aclarar la situación en un plazo de 20 días hábiles.

La gravedad del caso radica en que se trata de acuerdos con impacto económico directo para las arcas municipales, adoptados sin contar con la mayoría absoluta exigida por la Ley Orgánica de Municipalidades. Más aún, el oficio detalla que el municipio no respondió oportunamente a los requerimientos de Contraloría, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia y rigurosidad del procedimiento.

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Cuestionamientos al equipo jurídico

El pronunciamiento también deja en entredicho el rol del equipo jurídico municipal, que no habría advertido la falta de quórum ni impedido que acuerdos inválidos quedaran consignados como aprobados. La omisión no solo expone al municipio a la eventual nulidad de los contratos de transacción, sino que además podría implicar responsabilidades administrativas por no resguardar la legalidad de los actos del concejo.

Un patrón de problemas

Este episodio se suma a un historial de observaciones y sanciones por parte de la Contraloría hacia la administración comunal, donde se repiten falencias en la gestión jurídica y financiera. A esto se agregan procesos judiciales perdidos, lo que confirma una debilidad estructural en la defensa legal del municipio. Para un gobierno local, la incapacidad de garantizar el cumplimiento básico de la ley en materias tan sensibles como la disposición de recursos públicos constituye una señal de alarma sobre la seriedad de su gestión.

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