Embargan maquinaria pesada y autorizan retiro de mobiliario de Municipalidad de La Higuera

La Municipalidad de La Higuera sigue enfrentando una delicada situación judicial y financiera. En menos de un mes, el Tercer Juzgado de Letras de La Serena autorizó medidas de embargo que afectan seriamente el funcionamiento del municipio: por un lado, el retiro forzado de mobiliario desde las oficinas municipales; por otro, el embargo de vehículos y maquinaria pesada esenciales para servicios comunitarios.

El 07 de abril de 2025, el Juzgado autorizó el retiro de escritorios, sillas, mesas y repisas desde el edificio consistorial, en el marco de la causa rol C-1235-2023 tras una demanda interpuesta por Banpro Factoring. La medida fue requerida ante el incumplimiento de pagos relacionados con una serie de facturas cedidas en un contrato de factoring durante la administración de Yerko Galleguillos.

En un inicio el municipio intentó frenar el embargo alegando que los bienes estaban destinados al cumplimiento de funciones públicas —y, por tanto, amparados por el artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades—, el tribunal rechazó el incidente por considerarlo extemporáneo y carente de fundamentación específica.

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Anteriormente, en la causa rol C-4169-2023, Banpro Factoring obtuvo otro fallo favorable: el embargo de una camioneta Nissan Navara (2023), un tractor Massey Ferguson (2000) y dos retroexcavadoras Caterpillar (modelos 420 y 416E). La medida fue ejecutada el 18 de marzo de 2025 por el receptor judicial Luis Pizarro Carvajal, quien dejó los bienes en poder del municipio como depositario provisional. Al día siguiente, el 19 de marzo, se ofició al Registro Civil para inscribir los embargos en el Registro de Vehículos Motorizados, bloqueando así cualquier intento de enajenación.

El equipo jurídico del municipio, encabezado por el abogado Sebastián Vicuña Valdivia, presentó un recurso de reposición alegando que los bienes estaban protegidos por el artículo 32 de la Ley 18.695, por tratarse de maquinaria y vehículos destinados a servicios públicos esenciales como seguridad, vacunación o limpieza de espacios comunitarios. Sin embargo, el tribunal rechazó el recurso el 4 de marzo, señalando que la municipalidad no presentó pruebas suficientes que acreditaran el carácter inembargable de los bienes.

Ambas causas tienen un punto en común: las instancias judiciales claves han sido sistemáticamente rechazadas. Ya sea por extemporaneidad, falta de argumentos específicos o ausencia de pruebas documentales, las defensas del municipio no han logrado revertir las medidas decretadas, poniendo en duda la solidez y capacidad de la estrategia jurídica desplegada por el equipo legal de la administración comunal.

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Los bienes continúan en poder del municipio como depositario provisional, pero con prohibiciones legales que impiden su venta o transferencia. Si no se logra un acuerdo de pago, la vía del remate podría activarse en los próximos meses.