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Embargo de maquinaria en Municipio de La Higuera: Tribunal designa martillero y se autoriza el retiro de bienes
La crisis financiera que arrastra la Municipalidad de La Higuera bajo la actual administración sigue escalando. En un nuevo revés judicial, el 3º Juzgado de Letras de La Serena autorizó el retiro de maquinaria pesada y un tractor municipal, designando oficialmente un martillero público para su posterior remate judicial. El proceso se enmarca en la causa Rol C-4169-2023, iniciada por Banpro Factoring S.A. por el no pago de facturas emitidas durante la gestión del exalcalde Yerko Galleguillos.
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La crisis financiera que arrastra la Municipalidad de La Higuera bajo la actual administración sigue escalando. En un nuevo revés judicial, el 3º Juzgado de Letras de La Serena autorizó el retiro de maquinaria pesada y un tractor municipal, designando oficialmente un martillero público para su posterior remate judicial. El proceso se enmarca en la causa Rol C-4169-2023, iniciada por Banpro Factoring S.A. por el no pago de facturas emitidas durante la gestión del exalcalde Yerko Galleguillos.
El martillero Mauricio Bettini Godoy fue nombrado por el tribunal y aceptó el cargo el 23 de junio, quedando habilitado para ejecutar el retiro de los bienes embargados. La resolución se adoptó luego de que no se presentaran oposiciones válidas al retiro por parte del municipio, debilitando aún más su posición procesal.
Tres bienes municipales al borde del remate
La maquinaria que está próxima a ser retirada y eventualmente subastada incluye:
- Retroexcavadora Caterpillar 420 (2023)
- Retroexcavadora Caterpillar 416E (2009)
- Tractor Massey Ferguson MF275T4 (2000)
Todos estos bienes son esenciales para el funcionamiento municipal, particularmente en áreas como mantención de caminos rurales y servicios de emergencia. Pese a ello, el equipo jurídico del municipio no logró acreditar debidamente su uso exclusivo para fines públicos, lo que habría impedido su embargo según el artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Camioneta liberada del embargo, pero maquinaria sigue comprometida
El 3° Juzgado de Letras de La Serena resolvió parcialmente un incidente promovido por el municipio para anular el embargo de los bienes en esta causa. Si bien aceptó declarar nulo el embargo sobre la camioneta Nissan Navara (2023), al acreditarse su uso exclusivo en labores de seguridad pública y su adquisición con fondos estatales del programa de seguridad comunal, rechazó la solicitud respecto a la maquinaria y el tractor, por no haberse demostrado de forma concreta que fueran esenciales para el funcionamiento de servicios municipales. La medida deja abierta la puerta para que los otros tres vehículos —dos retroexcavadoras y un tractor Massey Ferguson— sean retirados y subastados, salvo que el municipio logre revertir el escenario con nuevos antecedentes, algo que hasta ahora no ha ocurrido en ninguna de las causas.
De bienes retenidos a bienes subastables
Estos mismos vehículos ya estaban embargados desde marzo y permanecían bajo custodia del municipio como depositario provisional. Sin embargo, con la nueva resolución judicial, el proceso entra en su fase más crítica, permitiendo el retiro y posterior subasta pública de los bienes para saldar la deuda.
Un patrón que se repite: defensas débiles y reveses constantes
Este caso se suma a una larga lista de fracasos procesales del equipo jurídico encabezado por el administrador y abogado Sebastián Vicuña, quien ha acumulado derrotas por falta de pruebas, recursos extemporáneos y argumentos deficientes. En varias causas ejecutivas, como la tramitada por Tanner Servicios Financieros S.A., el municipio no se opuso a tiempo, dejando el camino libre para el embargo de bienes como un terreno municipal en Chungungo.
Durante la sesión de concejo del 3 de junio, Vicuña reconoció que hay al menos tres juicios más donde el mismo terreno está embargado, y que en uno de ellos el mandamiento de ejecución equivale a sentencia definitiva, lo que pone en duda la viabilidad de una defensa efectiva. La estrategia actual del municipio parece limitarse a intentar subir el valor de los bienes embargados para desincentivar postores.
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