Conflicto en el APR de Punta Colorada: denuncian censura arbitraria a 13 socios

Un grave conflicto interno estalló en el Comité de Agua Potable Rural (APR) de Punta Colorada luego de que el directorio actual decidiera censurar a 13 socios activos, generando rechazo entre los miembros de la organización y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. 

Según una carta enviada por los socios afectados, el directorio, liderado por Luis Tapia Ortiz, aplicó las sanciones el 13 de junio de 2025, argumentando que los censurados incumplieron el artículo 9 del estatuto al participar en una “asamblea extraordinaria inválida” que buscaba remover a la directiva anterior. Además, el directorio los acusó de “difamación y calumnias”. 

Sin embargo, los socios sancionados rechazan las acusaciones, señalando que nunca se les notificó formalmente ni se les permitió presentar descargos, y que la decisión fue tomada sin consultar a la asamblea general, violando los estatutos y la ley. 

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“Esta censura es injusta y arbitraria. No hubo participación de la asamblea, que incluso manifestó su desacuerdo. Quieren silenciarnos“, denunciaron los socios en un comunicado. 

Ante la controversia, los afectados acudieron a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de Coquimbo, la cual respondió con un oficio (firmado por el director regional Herman Osses Soto) recordando que, según la ley 19.418, cualquier exclusión de socios debe ser tratada en asamblea extraordinaria, con votación secreta y derecho a defensa. 

La DOH enfatizó que la pérdida de la calidad de socio debe ser votada en asamblea, con quórum estatutario; los afectados tienen derecho a presentar descargos antes de cualquier sanción; y se requiere una investigación previa y una votación por 2/3 de los presentes. 

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“Seguimos siendo miembros activos” 

Los censurados enviaron una carta al directorio afirmando que no reconocen la sanción y continuarán participando en las asambleas, incluyendo el próximo proceso electoral.  “Solicitamos que esta censura ilegítima sea evaluada por la asamblea, que es la única instancia facultada para resolver esto”, exigen. 

¿Qué sigue? 

El conflicto ha dividido al APR, con socios exigiendo transparencia y democracia interna, mientras el directorio insiste en que actuó conforme a la ley. La presión ahora está en si la directiva convocará a una asamblea extraordinaria para resolver el conflicto o si los socios recurrirán a acciones legales.