SEREMI de Vivienda se desentiende de denuncias en La Higuera: fiscalización en duda

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Mientras crecen los cuestionamientos sobre las irregularidades en la Oficina de Vivienda de La Higuera, la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Coquimbo opta por la pasividad. Pese a que los programas habitacionales son financiados con recursos estatales y supervisados bajo su alero, la repartición insiste en que no tiene injerencia directa en los problemas denunciados en la comuna.

“No tenemos injerencia”

Consultada por Red Comunales, la SEREMI señaló que no emitirá comunicados porque se trata de “un problema municipal” y que su ámbito de acción se limita a fiscalizar a las Entidades Patrocinantes. Añadió que, para abrir un proceso de investigación, deben existir denuncias formales ingresadas por los afectados, las cuales hasta ahora no se han presentado.

Con ello, la autoridad regional relega toda acción a la iniciativa de los vecinos, pese a que múltiples testimonios apuntan a vínculos empresariales y familiares entre funcionarios municipales y empresas que concentran proyectos de vivienda en la zona.

Un rol de fiscalizador debilitado

El marco normativo indica que la supervisión de las viviendas corresponde a un triple control:

• la propia Entidad Patrocinante,
• el Inspector Técnico de Obras (ITO) de SERVIU,
• y un ITO externo contratado por el mismo servicio.

Sin embargo, los hechos revelados generan dudas sobre la eficacia de este esquema.

Contactos bajo sospecha

Fuentes señalaron que un funcionario revisor del MINVU, Hugo Aracena Gallardo, habría tenido un trato de confianza con Juan Cortés Arancibia, uno de los nombres vinculados a proyectos habitacionales en la comuna de La Higurea. Según el testimonio recogido, Aracena habría tenido registrado en su celular el número de Cortés y, en al menos una ocasión, al recibir un reclamo de un vecino afectado, lo habría llamado en un tono “amistoso”.

A lo anterior se suma que Aracena figura en la Resolución Exenta N° 547 del SERVIU Región de Coquimbo (1 de abril de 2024) como Encargado subrogante de la Sección Obras de Edificación, quedando identificado como sujeto pasivo de la Ley N° 20.730 de Lobby. Esto implica que sus interacciones con privados debieran registrarse formalmente, justamente para evitar dudas sobre vínculos indebidos. La omisión de estos registros en situaciones de contacto directo con empresarios refuerza la percepción de opacidad y debilita la confianza en el rol fiscalizador del MINVU.

Un ministerio que se lava las manos

La SEREMI insiste en que solo puede actuar con denuncias formales, pero omite que su rol incluye velar de oficio por la transparencia y la probidad en la ejecución de programas financiados con fondos públicos. En la práctica, se instala un vacío de acción ya que el Ministerio se desentiende, mientras los vecinos deben enfrentar solos las consecuencias de viviendas cuestionadas y procesos de postulación limitados a “una sola empresa”.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) respondió que no emitirá comentarios sobre los cuestionamientos a la gestión habitacional en La Higuera, señalando que se trata de un problema municipal y que no tiene injerencia en la designación de los equipos comunales. Sin embargo, la normativa vigente demuestra que el MINVU sí tiene un rol en la fiscalización de los proyectos de vivienda financiados con subsidios estatales.

Calidad de las viviendas

Los programas habitacionales del MINVU establecen estándares obligatorios en materiales, metros cuadrados, eficiencia energética y seguridad estructural. A través del SERVIU, el ministerio debe fiscalizar que cada vivienda subsidiada cumpla con las especificaciones técnicas aprobadas, y tiene la facultad de sancionar a las constructoras que incumplan.

Empresas que deben fiscalizar

Las empresas que participan en programas de subsidios deben estar registradas y habilitadas por el MINVU. Además, el SERVIU tiene la tarea de fiscalizar en terreno la ejecución de las obras y puede excluir a aquellas con reiterados problemas de calidad o incumplimientos.

Las Entidades Patrocinantes (EP), que asesoran a los comités de vivienda y gestionan los proyectos, son acreditadas y supervisadas directamente por el MINVU. Esto significa que el ministerio puede revocar convenios o aplicar sanciones en casos de conflictos de interés, direccionamiento o malas prácticas.

Relación con los municipios

Aunque los municipios actúan como articuladores locales y designan contrapartes técnicas en programas como Quiero Mi Barrio, la responsabilidad última de garantizar transparencia, calidad y el correcto uso de los subsidios recae en el MINVU y el SERVIU. La idea de que la cartera pueda desentenderse resulta, al menos, contradictoria con el marco normativo que le otorga atribuciones clave en la política habitacional.

La contradicción de fondo

El discurso oficial habla de transparencia y estándares éticos, pero los hechos en terreno apuntan a otra realidad. Con un funcionario municipal que habría direccionado postulaciones, constructoras con nexos familiares y un aparente rol fiscalizador inexistente, el mensaje de la SEREMI de Vivienda parece más un lavado de manos institucional que una defensa efectiva del derecho de las familias a una vivienda digna y de calidad.

Más allá de las formalidades, el escenario se complejiza por las proximidades políticas y personales. El SEREMI de Vivienda, José Manuel Peralta, y el secretario técnico del programa Quiero Mi Barrio, Álvaro Valero, son reconocidos cercanos a la alcaldesa Uberlinda Aquea —“muy buenos amigos”, según ella misma ha comentado—, todos militantes del Partido Socialista, lo que alimenta la percepción de un circuito de lealtades partidarias y personales que podría estar incidiendo en la falta de respuestas contundentes desde la institucionalidad.