Municipalidad de La Higuera acumula reclamos ante el Consejo para la Transparencia y presenta un incumplimiento peor que la administración anterior

La Municipalidad de La Higuera enfrenta un creciente número de reclamos y amparos ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), reflejo de un incumplimiento sistemático de sus obligaciones legales en materia de Transparencia Activa y acceso a la información pública. Según los registros del Consejo, solo en 2025 el municipio suma al menos 26 causas en tramitación o con decisiones de fondo, varias de ellas por no entregar información mínima y obligatoria.

Los casos más recientes —ingresados entre octubre y noviembre— denuncian la falta de entrega de información funcionaria, antecedentes administrativos, ordenanzas vigentes, detalles de contrataciones y datos del personal a contrata. Algunos han debido ser acogidos totalmente por el CPLT, obligando al municipio a entregar información que debió estar publicada desde un comienzo.

Uno de los incumplimientos más graves corresponde a Transparencia Activa, donde la municipalidad mantiene un mayor atraso. No solo no se publican las remuneraciones del personal desde junio de 2025, sino que la omisión incluye a todas las categorías de personal de planta, contrata y honorarios. Lo mismo sucede con el área de Salud.

Ninguna de estas secciones —todas obligatorias por ley y actualizables mensualmente— ha sido publicada durante más de cinco meses consecutivos, configurando una infracción grave y continuada a la Ley de Transparencia.

Este nivel de atraso supera ampliamente al registrado en la administración anterior. Aunque Yerko Galleguillos fue cuestionado por falta de probidad y desorden administrativo, su gestión mantuvo un cumplimiento más estable de la publicación mensual de Transparencia Activa. Bajo la administración actual, el desempeño es más bajo, más irregular y con mayor cantidad de reclamos formales ingresados al CPLT.

El contraste es especialmente sensible considerando que durante su campaña, la alcaldesa Uberlinda Aquea prometió alcanzar el “100% de las normas de Transparencia Activa” y fortalecer la Unidad de Transparencia Municipal. A casi un año de gestión, el diagnóstico es el contrario: más reclamos, más atrasos, menos información disponible y un retroceso evidente respecto del periodo anterior.

El deterioro en Transparencia se suma a otros frentes abiertos —déficit financiero, embargos, problemas en salud, polémicas administrativas, solicitudes confusas de viaje al extranjero y un creciente desgaste político— consolidando la percepción de una municipalidad que no ha avanzado en transparencia, sino que ha retrocedido y que mantiene una serie de obligaciones legales sin cumplir.

Con numerosos reclamos aún en tramitación y nuevas solicitudes que ingresan cada mes, el Consejo para la Transparencia deberá resolver en las próximas semanas un conjunto de casos que podrían elevar aún más la presión sobre la administración municipal.