Contraloría rechaza reconsideración del municipio y reafirma cuestionamientos a millonarios pagos a funcionario a honorarios en La Higuera

La Contraloría Regional de Coquimbo volvió a pronunciarse sobre los millonarios pagos realizados por la Municipalidad de La Higuera al funcionario a honorarios Eduardo Flores González, rechazando la solicitud de reconsideración presentada por el municipio y reiterando la obligación de ajustar su remuneración a parámetros objetivos y proporcionales.

En su Oficio N.º E217203/2025, fechado el 18 de diciembre de 2025, el órgano fiscalizador desestimó los argumentos de la administración municipal, que intentó justificar el pago mensual de $2.403.266 señalando que las labores del funcionario no serían comparables con las de otros trabajadores municipales y que su experiencia se sustentaría en un “conocimiento del territorio” adquirido como vecino de la comuna.

Sin embargo, la Contraloría fue categórica al señalar que el municipio se limitó a reiterar argumentos ya analizados y descartados en pronunciamientos anteriores, sin aportar nuevos antecedentes que permitieran modificar las conclusiones ya establecidas. En consecuencia, el ente contralor rechazó la reconsideración y volvió a instruir el cumplimiento de lo ordenado en junio de este año.

Cabe recordar que el caso se originó a partir del Oficio N.º E106472/2025, en el que la Contraloría detectó que la Municipalidad de La Higuera había pactado honorarios elevados sin que existieran parámetros objetivos que los justificaran, especialmente considerando que el funcionario no acreditaba estudios formales ni experiencia profesional equiparable a las remuneraciones percibidas.

Posteriormente, en octubre, la Contraloría ya había advertido que el municipio no había dado cumplimiento a la instrucción de ajustar los pagos, respondiendo incluso sobre materias ajenas a lo solicitado, lo que motivó un nuevo requerimiento formal.

En este último pronunciamiento, el organismo fiscalizador vuelve a subrayar que, aun cuando la ley no fija topes explícitos para los honorarios, la discrecionalidad de la autoridad municipal no puede transformarse en arbitrariedad, y que deben existir criterios claros de racionalidad, proporcionalidad y resguardo del patrimonio público.

En ese marco, la Contraloría enfatiza que el solo vínculo territorial o el conocimiento informal de la comuna no constituyen, por sí mismos, parámetros suficientes para justificar remuneraciones superiores a las de funcionarios con mayor nivel educacional o trayectoria administrativa acreditada.

Finalmente, el municipio fue nuevamente requerido a informar documentadamente el cumplimiento de la instrucción, esta vez en un plazo de cinco días hábiles, cerrando así una seguidilla de observaciones que mantienen bajo cuestionamiento no solo el monto pagado, sino también los criterios utilizados para valorar las competencias del funcionario contratado.