Alcaldesa de La Higuera emite comunicado impreciso sobre fallo Dominga y evita fijar posición de fondo

El pronunciamiento municipal alude a una supuesta “ratificación del rechazo” del proyecto minero-portuario, pese a que el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta se refiere a aspectos procedimentales y no al fondo de la evaluación ambiental. El texto tampoco aclara cuál será el rol del municipio frente a los distintos escenarios que abre el proceso.

El reciente comunicado de prensa emitido por la Municipalidad de La Higuera tras el nuevo fallo judicial en torno al proyecto minero-portuario Dominga ha generado cuestionamientos por su carácter impreciso y por evitar definiciones sustantivas respecto al conflicto que, por más de una década, ha marcado al territorio.

En el texto, la alcaldesa sostiene que el fallo implicaría una “ratificación del rechazo por parte del Comité de Ministros”, afirmación que no se condice plenamente con el contenido de la resolución conocida esta semana. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló lo obrado en el procedimiento de “cumplimiento incidental” tramitado ante el Primer Tribunal Ambiental, al estimar que dicho mecanismo no era procedente para este tipo de sentencias, sin pronunciarse sobre el mérito ambiental del proyecto ni sobre su aprobación o rechazo definitivo.

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En otras palabras, se trata de un fallo de naturaleza procesal, que aborda la forma en que se intentó hacer cumplir una sentencia anterior, pero que no zanja la viabilidad ambiental del proyecto Dominga. Presentarlo como una confirmación del rechazo puede inducir a una lectura errónea del escenario jurídico actual.

A ello se suma que el comunicado municipal apela reiteradamente al “respeto a la institucionalidad” y al reconocimiento de “distintas posturas” en la comunidad, sin precisar cuál es la posición política de la administración comunal frente a uno de los proyectos de mayor impacto potencial en su territorio, ni qué acciones concretas impulsará en este nuevo contexto.

Más allá de las declaraciones generales sobre seguir trabajando por el “desarrollo de la comuna”, el texto no menciona medidas específicas, como la convocatoria a instancias de diálogo territorial, exigencias de garantías ambientales, fortalecimiento de mecanismos de participación local, o lineamientos respecto a modelos alternativos de desarrollo económico.

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Esta forma de pronunciarse refleja una estrategia de neutralidad discursiva que, si bien busca evitar confrontaciones, termina dejando sin respuesta preguntas centrales como ¿qué rol jugará el municipio si el proyecto vuelve a avanzar administrativamente?, ¿cómo se protegerán los intereses de las comunidades costeras, del sector pesquero, del turismo y de los sistemas de agua potable rural?, ¿qué modelo de desarrollo promueve concretamente la administración comunal?

En un conflicto de alta complejidad y larga data, donde las decisiones trascienden lo técnico y tienen profundas implicancias sociales, económicas y ambientales, la demanda por mayor claridad política y precisión informativa aparece como una exigencia creciente hacia las autoridades locales.