Ministro Matus se inhabilita en redacción del fallo sobre Dominga

Magistrado Jean Pierre Matus se marginó de la redacción del fallo sobre el polémico proyecto minero portuario tras aceptar una recusación por su vínculo con el abogado Marcelo Castillo quien ha representado intereses asociados al proyecto. En tanto, el SEA pidió anular el acuerdo adoptado por los jueces con la participación de Matus.

El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, aceptó restarse de la redacción de la sentencia luego de una recusación aceptada por él mismo debido a un eventual conflicto de interés.

La inhabilitación se produce en el marco de los recursos de casación presentados por el Gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que buscan revertir el fallo del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta que declaró ilegal la resolución del Comité de Ministros que rechazó Dominga en 2023 y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, dictar una nueva resolución.

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La controversia sobre la imparcialidad de Matus surgió por su vínculo con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, quien ha representado intereses asociados al proyecto minero, como representante de un gremio de pescadores.

Castillo y Pescadores de Totoralillo

El abogado Castillo es el representante del Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo, situación por la cual el SEA recusó al magistrado Matus por su vínculo con el jurista, aduciendo el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como causal de inhabilidad las relaciones de amistad entre un juez con alguna de las partes.

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Resolvió pero no redactará fallo

En su declaración, Matus reconoció la existencia de la causal invocada, aunque subrayó que Castillo no figura formalmente como parte en la causa.

No obstante, y en el espíritu de lo dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, el ministro accedió a marginarse para evitar suspicacias sobre su imparcialidad.

La defensa del SEA no solo solicitó que Matus no redactara la sentencia, sino que también exigió anular el acuerdo alcanzado por la Tercera Sala de la Suprema —que ya había deliberado sobre la admisibilidad de los recursos—, por haberse realizado con la participación del ahora inhabilitado juez.

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