Fiscalía abre investigación contra Andes Iron y Dominga para ver si fallos judiciales a favor del proyecto fueron por eventuales sobornos

El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación en contra de los propietarios del proyecto minero Dominga, con el argumento de investigar presuntos delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos.

La decisión de indagar surgió tras una solicitud presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini ante el Ministerio Público. Los parlamentarios recopilaron información y la remitieron hasta la Fiscalía Regional de Los Lagos, que quedó a cargo de la investigación. La medida afecta a la familia Délano Méndez (76% de la propiedad), y a la familia Garcés Silva (14%), además de ejecutivos de la compañía.

Respecto a Carlos Alberto Délano, recordar que fue socio de la familia Piñera Morel en la propiedad original de Dominga, a través de la empresa Minera Activa Uno SpA.

Délano, conocido entre sus amigos como el “choclo”, fue el histórico controlador del Grupo Penta y condenado en el pasado por delitos tributarios reiterados y financiamiento ilegal de la política en el marco del Caso Penta, donde alcanzó notoriedad por terminar resolviéndose, entre otras medidas, con cien horas de clases de ética para él y Carlos Eugenio Lavin.

En este caso, según lo que señalan los diputados socialistas, Andes Iron (controladora de Dominga), habría pagado más de $250 millones de pesos al estudio jurídico de los abogados Gabriel Silver (exdiputado), Eduardo Lagos y Mario Vargas, estos dos últimos formalizados en la arista Muñeca Bielorrusa vinculada al caso Hermosilla, donde se sabe que hubo jueces de la Corte Suprema que fallaron a favor de diversas causas a cambio de soborno.

Según el medio Reportea, entre marzo y diciembre de 2023, el estudio jurídico recibió diez transferencias de Andes Iron, sin que los abogados Lagos ni Vargas figuraran como representantes de la minera en litigios en tribunales. Estos pagos coincidirían con la revisión del proyecto en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde Dominga obtuvo fallos favorables, al igual que posteriormente en la Corte Suprema.

El reportaje también indica que, después, los abogados habrían transferido 18 millones de pesos a la esposa del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus. Durante ese mismo período, el magistrado también dictó fallo favorable a la minera. ¿Del porqué la esposa del juez recibió ese dinero? Será parte de la investigación.

Originalmente se señaló que los pagos corresponderían a asesoría legal por Dominga pero fue el abogado que representó a la minera en los tribunales, Patricio Leyton, quien aseguró que nunca supo que Lagos, Vargas y Silber prestaran servicios para Dominga, porque “no tuvieron rol alguno en las acciones judiciales que llevamos en nombre de la compañía”, dijo en su oportunidad.

Posteriormente, con la información que remitió la empresa minera a dicho medio, los pagos al estudio jurídico responderían a un informe de seguimiento judicial. Sin embargo, pronto se descubriría que dichos informes eran copia de información pública que circula en internet.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo vía redes sociales, que “es evidente que nadie paga 250 millones por informes de copy-paste. Entonces se debe aclarar: ¿Para qué era el dinero que les pagó Dominga a estos abogados? ¿Hubo coimas a jueces en los fallos a favor de Dominga? ¿Qué rol tuvo Jean Pierre Matus considerando que su esposa recibió pagos de estos abogados? ¿Qué pasó en los tribunales ambientales con esos polémicos fallos a favor de Dominga? Este caso huele podrido a corrupción”.

Al momento de publicación de esta nota, ni la agencia Azerta ni otra fuente oficial de Andes Iron se habían pronunciando respecto a la investigación anunciada por la Fiscalía.