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Nueva falla procesal: Gobierno Regional acusa demanda mal presentada por la Municipalidad de La Higuera

La Municipalidad de La Higuera presentó una demanda ordinaria ante el Segundo Juzgado Civil de La Serena solicitando que se declare prescrita una deuda superior a 44 millones de pesos asociada a fondos concursables no rendidos desde 2005 en adelante.

La acción judicial busca que el tribunal declare extinguida la posibilidad de cobro por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, argumentando que han transcurrido los plazos legales de prescripción.

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|2 de marzo de 2026|2 minutos de lecturaAgregar El Comunal
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La Municipalidad de La Higuera presentó una demanda ordinaria ante el Segundo Juzgado Civil de La Serena solicitando que se declare prescrita una deuda superior a 44 millones de pesos asociada a fondos concursables no rendidos desde 2005 en adelante.

La acción judicial busca que el tribunal declare extinguida la posibilidad de cobro por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, argumentando que han transcurrido los plazos legales de prescripción.

Sin embargo, el proceso no comenzó de buena manera.

El Gobierno Regional no respondió el fondo de la demanda. En cambio, presentó una excepción dilatoria por ineptitud del libelo, sosteniendo que la demanda municipal no cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Código de Procedimiento Civil.

En su presentación, el GORE señala que el municipio no acompañó los convenios respectivos, no individualizó correctamente los proyectos, no indicó con precisión cuándo se hicieron exigibles las obligaciones ni aportó antecedentes que permitan calcular el plazo de prescripción alegado. En otras palabras, la contraparte sostiene que la demanda carece de exposición clara de hechos y respaldo documental suficiente.

De acogerse esta excepción, el tribunal podría ordenar a la municipalidad subsanar los defectos formales antes de continuar con la tramitación.

La situación vuelve a instalar cuestionamientos sobre la conducción jurídica del municipio. No es la primera vez que decisiones legales adoptadas por la actual administración terminan enfrentando observaciones formales o controversias procesales. En este caso, el error no es menor, ya que se trata de una acción judicial relevante, que involucra recursos públicos y la relación institucional con el Gobierno Regional.

Además, la propia demanda reconoce dificultades para reconstruir antecedentes administrativos por falta de respaldos completos y problemas de trazabilidad documental acumulados durante años.

El punto central ahora no es solo si la deuda está prescrita o no. La discusión inmediata es si el equipo jurídico municipal presentó correctamente la acción.

El tribunal deberá resolver primero si la demanda cumple los requisitos legales mínimos. Solo después podrá discutirse el fondo del asunto.

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