Andes Iron presenta recurso de reclamación ante Justicia Ambiental para impugnar rechazo del Comité de Ministros

Andes Iron interpuso un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta con el objeto de impugnar la decisión del Comité de Ministros que, en enero de 2025, rechazó el proyecto Dominga sobre la base de consideraciones relativas a la algarrobilla, el pacul y el plan de contingencias ante derrames. Todos esos aspectos no son nuevos, ya que habían sido analizados y zanjados en el proceso de evaluación ambiental y no formaron parte de las reclamaciones sometidas a su conocimiento de dicho Comité.

El recurso presentado busca restablecer la legalidad del procedimiento y asegurar el cumplimiento de lo ya resuelto por las instancias técnicas y judiciales competentes, cuyos fundamentos permanecen plenamente vigentes. El Comité de Ministros no tiene competencias para reabrir materias que ya han sido evaluadas durante el proceso de calificación ambiental ni incorporar fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones originalmente presentadas. Reintroducir nuevas causales como si se tratara de antecedentes nuevos representa una clara vulneración a principios elementales del derecho administrativo, tales como la congruencia, la seguridad jurídica y la prohibición de desviación de poder.

Además, el fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 estableció parámetros claros respecto del alcance del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité de Ministros. Dicho órgano no estaba habilitado para efectuar una nueva revisión integral del proyecto, sino para resolver dentro de los límites fijados por la sentencia.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación que concluyó su cumplimiento con la normativa ambiental vigente, y que las instancias técnicas especializadas validaron sus medidas de mitigación, compensación y seguimiento. La controversia actual no versa sobre la suficiencia de esos antecedentes, sino sobre la legalidad de un acto administrativo que pretende reconfigurar ex post el alcance del proceso de evaluación.

Pedro Ducci, gerente general de Andes Iron, señaló que “la justicia ambiental ha determinado que el Comité de Ministros del actual gobierno ha emitido dos pronunciamientos abiertamente ilegales, por lo cual estamos confiados en que nuevamente las instancias técnicas respaldarán nuestro proyecto. Aquí no hay una nueva discusión técnica; lo que está en juego es algo más básico: que se respeten las reglas del juego”.

Recurso de queja ante la Corte Suprema

En paralelo, Andes Iron interpuso el jueves pasado un recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema para revertir la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 20

de febrero de 2026, la cual anuló el procedimiento de cumplimiento incidental seguido ante el Primer Tribunal Ambiental.

La empresa estima que dicha resolución impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica y la correcta aplicación del derecho. Dominga no solicita privilegios ni excepciones, sino que se respeten las decisiones adoptadas por las autoridades técnicas y confirmadas por los tribunales.

Cabe recordar que el Informe Consolidado de Evaluación del proyecto concluyó que el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente; que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 resolvió la controversia ambiental dentro de sus competencias; y que la Corte Suprema, en septiembre de 2025, cerró definitivamente ese debate. Esos antecedentes permiten enfrentar estas instancias con plena confianza en la solidez técnica y jurídica del proyecto.

Previo a estas últimas resoluciones, Dominga avanzaba en la obtención de permisos sectoriales necesarios para declarar el hito de construcción durante el primer semestre del año, etapa que proyecta generar aproximadamente 30.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, y cerca de 10.000 en operación, con prioridad para la Región de Coquimbo.

El proyecto contempla una inversión superior a US$ 2.500 millones, operará con agua de mar desalada y considera compartir este recurso con la comunidad en una zona afectada por la sequía, bajo altos estándares ambientales y un compromiso permanente con La Higuera y la Región de Coquimbo.