Comunidades y organizaciones sociales valoran decisión de Andes Iron de retirar recursos ante la Corte Suprema

El desistimiento de la empresa permitirá que las solicitudes de invalidación contra la resolución del Comité de Ministros puedan seguir su curso administrativo y finalizar la eterna judicialización que ha visto afectado a Dominga y, por lo tanto, al desarrollo de la región.

Representantes de las comunidades, pescadores y organizaciones de trabajadores de la Región de Coquimbo valoraron la decisión de Andes Iron de desistirse de los recursos de casación que mantenía ante la Corte Suprema, al considerar que esta medida permitirá que continúe la tramitación de las solicitudes de invalidación presentadas contra la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025.

Esto luego que la empresa comunicara este lunes, su decisión de retirar tales recursos, señalando que la tramitación ante la Corte Suprema mantenía congelado el avance de las solicitudes de invalidación y que, en las actuales circunstancias, consideraba prioritario permitir que estas acciones pudieran continuar.

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Las presentaciones fueron impulsadas, entre otras organizaciones, por la Federación de Pescadores de La Higuera, el Comité APR de Caleta Los Hornos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y FADECHI, quienes cuestionan distintos aspectos de la resolución adoptada por el Comité de Ministros en enero de 2025.

“Es una señal de respeto hacia las comunidades”

Desde la Federación de Pescadores de La Higuera, que reúne a nueve agrupaciones, señalaron que la decisión de la empresa permite que sean las propias instituciones las que revisen los antecedentes planteados por las organizaciones.

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“Valoramos que Andes Iron haya tomado esta decisión porque nosotros presentamos una solicitud de invalidación dado que sentimos que nuestros derechos fueron vulnerados. Lo que corresponde ahora es que nuestra presentación pueda ser revisada y que las instituciones se pronuncien conforme a la ley”, señalóJorge  Cabrera, vocero de laFederación de Pescadores de La Higuera.

El dirigente agregó que el retiro de los recursos ante la Suprema representa también una señal hacia las organizaciones que decidieron utilizar las herramientas que contempla la legislación.

“Nos parece importante que la empresa haya escuchado a las organizaciones y haya decidido no obstaculizar este camino. Nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Estamos pidiendo que se revise una decisión administrativa que consideramos que debe ser corregida y que se respeten las reglas y los fallos judiciales”.

“Ahora nuestras solicitudes pueden avanzar”

En Caleta Los Hornos, la decisión también fue recibida positivamente, especialmente porque la organización presentó su solicitud de invalidación buscando que se revisen los antecedentes que, a su juicio, no fueron considerados adecuadamente en la resolución de enero de 2025.

“Para nosotros es una buena noticia que se permita avanzar a las solicitudes de invalidación. Como comunidad hicimos una presentación porque sentimos que nuestros derechos no fueron considerados como correspondía. Ahora esperamos que la autoridad pueda revisar los antecedentes y tomar una decisión conforme a la ley”, afirmó Luisa Corrotea, presidenta delComité APR de Caleta Los Hornos.

La dirigente añadió que la discusión tiene consecuencias concretas para las comunidades. “Tenemos necesidades concretas y llevamos años esperando oportunidades de desarrollo. Por eso queremos que las instituciones hagan su trabajo y que este proceso pueda avanzar sin volver a empezar una y otra vez”, afirmó la dirigente.

Desde la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, valoraron que el retiro de los recursos permita despejar el camino para que las solicitudes de invalidación sean revisadas por la autoridad administrativa. “Valoramos que Andes Iron haya decidido retirar sus recursos y permitir que las organizaciones que recurrieron puedan seguir adelante con sus presentaciones. Aquí hay miles de trabajadores y familias que necesitan trabajo que miran este proceso con atención y esperanza. Lo que esperamos es que las instituciones funcionen, que se revisen los antecedentes y que exista una definición dentro del marco que establece la ley”, señaló Abraham Armijo, su Presidente Nacional.