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Uberlinda Aquea desmiente al Consejo para la Transparencia, pero los datos la contradicen

En el concejo de este martes, la alcaldesa de La Higuera dijo que el resultado publicado “no es así”. El informe del CPLT muestra otra cosa, y además registra que el municipio tiene una investigación sumaria abierta desde el proceso de 2025.

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|17 de noviembre de 2026|5 minutos de lecturaAgregar El Comunal
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En el concejo de este martes, la alcaldesa de La Higuera dijo que el resultado publicado “no es así”. El informe del CPLT muestra otra cosa, y además registra que el municipio tiene una investigación sumaria abierta desde el proceso de 2025.

La pregunta llegó desde la mesa del concejo. La concejala Yudis González quiso saber por qué La Higuera estaba “tan atrasada” en la entrega de información al portal de Transparencia. La concejala Ivonne Valenzuela fue más directa y recordó que el municipio había aparecido último en lo publicado por este medio.

“Pero no es así”, respondió la alcaldesa Uberlinda Aquea.

El informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) dice lo contrario. En el Reporte global de resultados de fiscalización de cumplimiento, Municipalidades 2026, La Higuera obtuvo un índice de 54,54% en transparencia activa. Es el octavo puntaje más bajo entre los 345 municipios del país y el último de la Región de Coquimbo, cuyo promedio fue de 90,8%. La comuna que le sigue en la región, Canela, marcó 64,06%. Diez puntos más arriba.

Captura del informe de CPLT.

La explicación del encargado

Quien tomó la palabra para defender el resultado fue Román Heredia, funcionario a cargo de transparencia en el municipio. Según él, el informe refleja una fiscalización hecha “meses atrás”. Explicó que la información debe estar publicada dentro de un plazo de diez días y que, si se sube el día 11, “eso ya queda en el registro de atraso”. Aseguró que hoy honorarios, planta y contrata están al día en el portal, y cerró con que “los informes son semestrales, entonces viene de atrás”.

Cada punto merece revisión.

La fiscalización sí se hizo meses atrás. El CPLT capturó los datos el 24 de abril de 2026 y evaluó la información exigible a marzo. Pero ese período ya correspondía a la gestión de Heredia, que según dijo la propia alcaldesa en la sesión está a cargo desde enero.

El plazo existe y son diez días hábiles. La instrucción general del CPLT exige actualizar la información cada mes dentro de los diez primeros días hábiles. Lo que no existe es un “registro de atraso” que castigue un día de demora. El índice mide si la información está disponible, actualizada y completa en la fecha de corte. Bajar a 54% por haber subido documentos un día tarde no tiene asidero. Para llegar a ese número tiene que faltar información o estar incompleta en varias materias.

Los informes tampoco son semestrales. El CPLT fiscaliza a los municipios una vez al año, y el propio documento compara el resultado de 2026 con el de 2025.

“No es el caso nuestro”

De la misma manera, Aquea se refirió a las sanciones. Reconoció que el CPLT puede multar a las autoridades con hasta la mitad del sueldo, mencionó el caso de un alcalde de la región que estaría apelando y dijo que, en el caso de La Higuera, “no es el caso nuestro”.

El informe la desmiente también en eso. En su página 13, la Tabla N°7 enumera los 41 municipios a los que el Consejo Directivo del CPLT les inició una investigación sumaria tras la fiscalización de 2025. La Higuera aparece en el quinto lugar. Ese año obtuvo 63,9%.

El documento agrega un dato que deja mal parada a la administración. De esos 41 municipios, solo dos empeoraron en 2026, Lago Verde y La Higuera. El resto mejoró, y los que subieron lo hicieron en promedio 30,4 puntos. Pemuco pasó de 64,4% a 98,7%. Pencahue, de 63,7% a 97,2%. La Higuera bajó 9,4 puntos.

La Ley de Transparencia, en su artículo 47, sanciona el incumplimiento injustificado de la transparencia activa con multas de entre 20% y 50% de la remuneración del infractor. El informe no indica en qué etapa está el sumario de La Higuera.

Responsabilidad hacia abajo

La alcaldesa anunció que el municipio pondrá “anotaciones” a los funcionarios que no cumplan con publicar la información. La norma no apunta solo a ellos. La jurisprudencia del CPLT y de los tribunales ha establecido que la responsabilidad recae tanto en los encargados como en la jefatura superior del servicio, que en un municipio es el alcalde o la alcaldesa.

Aquea dijo también que el municipio “siempre” ha estado disponible para responder cuando se publica algo, y que “mayoritariamente no nos preguntan”.

Cuando asumió, Aquea prometió un municipio con 100% de transparencia, como informó este medio. El dato que importa ahora es el informe individual que el CPLT entrega a cada municipio con el detalle por materia. Ese documento permitiría saber qué faltaba en abril. El municipio no lo ha hecho público.

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