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Más de un año de demandas y Municipalidad de La Higuera aún no presenta alguna querella por supuestas facturas falsas

Ha pasado más de un año desde que las empresas de factoring comenzaron a presentar demandas contra el municipio de La Higuera. Sin embargo, a pesar de los antecedentes contundentes, la municipalidad aún no ha presentado ninguna querella para defenderse de estas acusaciones.

Desde marzo de 2023, las empresas de factoring han demandado al municipio por diversas facturas impagas, y hasta la fecha, el alcalde Yerko Galleguillos, acumula ya cinco órdenes de arresto, sumando 22 días de detención. El monto total de las deudas asciende a $1.700 millones, con nuevas órdenes de arresto emergiendo continuamente debido a la falta de pagos.

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|24 de junio de 2024|4 minutos de lecturaAgregar El Comunal
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Ha pasado más de un año desde que las empresas de factoring comenzaron a presentar demandas contra el municipio de La Higuera. Sin embargo, a pesar de los antecedentes contundentes, la municipalidad aún no ha presentado ninguna querella para defenderse de estas acusaciones.

Desde marzo de 2023, las empresas de factoring han demandado al municipio por diversas facturas impagas, y hasta la fecha, el alcalde Yerko Galleguillos, acumula ya cinco órdenes de arresto, sumando 22 días de detención. El monto total de las deudas asciende a $1.700 millones, con nuevas órdenes de arresto emergiendo continuamente debido a la falta de pagos.

En el recurso de amparo presentado para evitar el arresto de Galleguillos, el fallecido abogado Mario Zumelzu estableció que “La administración del Sr. Galleguillos no reconoció la factura por el estado de pago N° 44 que ha dado origen a esta gestión. La misma nunca fue ingresada a la contabilidad municipal ni corresponde a ningún Estado de pago de dicha obra que se encuentre pendiente. Por el contrario, y si bien existe la obra y existen estados de pago, ninguno coincide con dicha factura, la que ignoramos de qué forma fue emitida ya que no se registró en el libro de obra ni tampoco en los reporte del Inspector Técnico de obra, por lo tanto, no corresponde a una obligación que exista y que tenga como deudor al Municipio de La Higuera”. Esta declaración sugiere que las facturas son ideológicamente falsas, lo que aplicaría para todas las facturas impugnadas.

Hay que recordar que Yerko Galleguillos no observó las facturas que iban ingresando a la municipalidad, en los 8 días señalados por la ley y en ninguno de los juicios se reclamó falsedad de los documentos, en los que tampoco opusieron excepciones a los procesos, los que han sido ganados por la empresas de factoring.

El Código Procesal Penal, en sus artículos 173 y siguientes, establece la obligación de fiscales y empleados públicos (donde entran los funcionarios municipales) de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 175, los empleados públicos deben denunciar cualquier delito del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones dentro de las 24 horas siguientes. El incumplimiento de esta obligación puede ser sancionado con penas de 1 a 4 UTM, según el artículo 177. A pesar de estas obligaciones legales, no ha habido ninguna denuncia formal por parte del municipio respecto a las facturas cuestionadas.

Asimismo, el 5 de julio de 2023, el alcalde subrogante, Carlos Flores, firmó un decreto para realizar una investigación sumaria para determinar a los responsables de la situación que estaba afectando a la Municipalidad de La Higuera. La ley establece que ese proceso no puede exceder del plazo de 5 días, sin embargo, sólo recién tras la publicación del primer reportaje sobre la situación de la Municipalidad de La Higuera en El Comunal, es decir, más de 8 meses después, esta investigación sumaria se elevó a un sumario administrativo, sin cumplir con los tiempos determinados por ley, y que hasta la fecha aún no hay resultados de este.

Sobre esto, en diversas sesiones del concejo municipal, algunos concejales han preguntado reiteradamente sobre este sumario, pero siempre las respuestas han sido evasivas y las mismas: que está en proceso y el fiscal a cargo aún no finaliza.

La situación sigue siendo crítica y la comunidad espera respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades para esclarecer estos hechos y garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos municipales.

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