Tribunal Constitucional acoge a tramitación nuevo recurso de alcalde Yerko Galleguillos y suspende una causa judicial

El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el nuevo recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado el 8 de agosto por el abogado José Miguel Banda Miranda, en representación del alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos. La solicitud también incluyó una petición de suspensión del procedimiento judicial que busca el arresto del alcalde debido a deudas municipales.

El recurso se enmarca en el caso “Tanner Servicios Financieros S.A. / Ilustre Municipalidad de La Higuera”, Rol C-2500-2022, que trata sobre la deuda municipal que asciende a más de $557 millones. La solicitud de suspensión del procedimiento fue aceptada por el TC con el objetivo de evitar que se ejecute la orden de arresto del alcalde mientras se resuelve la admisibilidad del recurso.

La resolución del Tribunal incluyó varias disposiciones clave:

1. Tramitación del recurso: El recurso ha sido aceptado para su tramitación, y el TC ha ordenado la comunicación de esta resolución al Primer Juzgado de Letras de La Serena y a la Corte de Apelaciones de La Serena. Se requiere también la presentación de copias digitales actualizadas del expediente.
2. Suspensión del procedimiento: La solicitud de suspensión del procedimiento fue concedida, aunque esta medida se limita a la causa específica mencionada en el recurso. Es importante destacar que la Municipalidad de La Higuera enfrenta un total de 16 demandas, de las cuales varias han dictado órdenes de arresto acumulando un total de 35 días. La suspensión otorgada por el TC afecta únicamente a la causa “Tanner Servicios Financieros S.A.”, pero no necesariamente a las otras acciones judiciales en curso.
3. Traslado a las partes: El TC ha otorgado un plazo de diez días para que las partes involucradas en el caso presenten sus argumentos sobre la admisibilidad del recurso.

En su argumentación, el abogado Banda Miranda destacó la urgencia de la suspensión, citando el “peligro en la demora” y el “humo de buen derecho” como fundamentos para la medida cautelar. El recurso sostiene que la aplicación de las normas cuestionadas podría contravenir derechos constitucionales y afectar gravemente la libertad y seguridad del alcalde.

El desarrollo de este caso se enmarca en un contexto de crisis administrativa y financiera para la comuna. La resolución del Tribunal Constitucional será fundamental para definir el futuro del procedimiento judicial y la situación del alcalde.