Amplían querella contra seremi de Medio Ambiente por prevaricación y falsificación de instrumento público

Por caso de Área Marina Costera Protegida Archipiélago de Humboldt, organizaciones de pescadores artesanales de la zona sur de La Higuera anunciaron la ampliación de la querella interpuesta contra funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente, por lo que acusan de “graves irregularidades en el proceso de creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt”.

La acción judicial se origina en febrero del 2024 cuando ingresaron una querella ante el Juzgado de Garantía de La Serena apuntando directamente al seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros.

Esta vez, se determinó ampliar el recurso contra la profesional Claudia Accini, a quienes
acusan de cometer delitos de prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, denegación de servicio e impedimento arbitrario del curso de una solicitud, entre otros.

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“Se ha manipulado un proceso que debió ser técnico y participativo para imponer decisiones políticas preconcebidas, sin considerar ni consultar a las comunidades costeras. Se incorporan áreas que no estaban definidas principalmente con el afán de cumplir con un compromiso de carácter político”, señaló Jorge Valladares, abogado de los gremios de pescadores.

Las Acusaciones

Según se señaló, los hechos que motivan la ampliación de la querella incluyen en lo que acusan de “ocultamiento de información relevante en el Comité de Ministros, como la existencia de la concesión marítimo-portuaria del proyecto Dominga, con el objetivo de extender el polígono de protección a dicha zona”

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A su vez, se denuncia que el informe técnico que fundamentó la creación del área protegida fue encargado a la consultora GEAM Chile “con instrucciones expresas desde la seremi para superponer dicha área sobre concesiones portuarias vigentes, sin consultar ni incorporar la visión de los gremios de pesca artesanal”,.

El vocero de los pescadores, Jorge Cabrera, dijo que “el propósito de esta área protegida no fue ambiental, fue político. Lo que se busca es frenar proyectos mineros, pero en el camino se está atropellando el desarrollo sustentable de nuestras comunidades”

En resumen, los querellantes solicitan que “se investiguen a fondo estos hechos, que se
formalice a los funcionarios involucrados y se realice un juicio oral con las máximas penas establecidas por ley”.

Además, “exigen detener el proceso actual de Plan de Manejo del AMCP-MU, que se encuentra en marcha sin garantizar la participación de las comunidades afectadas ni respetar sus derechos adquiridos”, señala un comunicado de prensa.

“Con esta ampliación y frente a la evidencia de los hechos que han quedado al descubierto, confiamos en una próxima formalización de la investigación”, añadió el abogado Valladares.