Alianza Humboldt exige investigar pagos de Dominga a estudio jurídico vinculado a coimas

Un nuevo frente de conflicto se abrió en torno al proyecto minero-portuario Dominga, tras la publicación de un reportaje que vincula a la empresa titular, Andes Iron, con abogados presos por el caso “Muñeca Bielorrusa”. La compañía respondió con un desmentido categórico y amenazas legales, mientras que las organizaciones opositoras al proyecto presentaron una minuta con detalles de los presuntos pagos, profundizando la controversia en torno a un proyecto ya marcado por una década de polémicas.

La acusación central, recopilada por la Alianza Humboldt a partir de una investigación del medio digital Reportea, sostiene que Andes Iron habría transferido 255 millones de pesos entre marzo y diciembre de 2023 al estudio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Ambos profesionales se encuentran actualmente en prisión preventiva, acusados de integrar una red de pagos de coimas a miembros del Poder Judicial. Según la información revelada, esos pagos se realizaron bajo el concepto de “minutas” y “lobby judicial”, y coincidieron cronológicamente con la etapa en que la empresa reclamaba ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el rechazo ambiental que el proyecto había recibido del Comité de Ministros en enero de ese mismo año.

La trama se complejiza con los destinos de esos fondos. El reportaje afirma que, durante ese mismo periodo, el estudio Lagos y Vargas realizó transferencias a los exdiputados DC Gabriel Silber y Aldo Cornejo, pagos que fueron justificados como “asesoría jurídica y de posicionamiento público”. De manera más controvertida, también se habrían efectuado pagos a la esposa del ministro Jean Pierre Matus, quien en ese momento integraba el tribunal que conocía de los recursos en contra de Dominga. Esta situación generó un desconcierto adicional cuando el propio abogado principal de Andes Iron, Patricio Leyton, declaró no tener conocimiento alguno de esta contratación paralela, lo que levantó serias dudas sobre la gestión interna y la transparencia de la empresa en sus maniobras legales.

Desde las comunidades y organizaciones ambientales, las reacciones a las nuevas revelaciones fueron de indignación y una profunda desconfianza. Rodrigo Flores, pescador del Archipiélago de Humboldt, afirmó con contundencia que “queda demostrado que el dinero lo puede todo” y aseguró que no permitirán “que un proyecto tan viciado y corrupto se instale aquí”. Tania Rheinen, de Oceana Chile, declaró que “es bastante sintomático que Dominga vuelva a estar vinculado a un caso de esta naturaleza” y expresó su esperanza de que “se conozca toda la verdad”. Nancy Duman, vocera de la Alianza Humboldt, cerró con una reflexión amarga, señalando que “es indignante que este lugar único en el mundo esté en riesgo por un proyecto que siempre actúa desde el conflicto de interés”.