Un nuevo revés judicial enfrenta la Ilustre Municipalidad de La Higuera, esta vez por hechos ocurridos durante la actual administración encabezada por la alcaldesa Uberlinda Aquea Barraza. El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena acogió una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, estableciendo no solo la existencia de relación laboral encubierta, sino también responsabilidad institucional en el trato hacia una trabajadora.

La sentencia —dictada en marzo de 2026— concluye que el municipio vulneró la integridad psíquica y la garantía de indemnidad de la demandante, determinando que su desvinculación ocurrió en un contexto de conflicto laboral no abordado adecuadamente por la administración.

Un fallo que va más allá de lo laboral

A diferencia de otros juicios similares, este caso no se limita a la discusión sobre contratos a honorarios. El tribunal establece que existió una relación laboral real, pese a la formalidad contractual, debido a la presencia de subordinación, jornada, control de asistencia y funciones permanentes dentro del municipio.

Pero el punto más delicado es otro: el fallo sostiene que la trabajadora fue expuesta a situaciones de hostigamiento y que, pese a haber informado estos hechos a la autoridad comunal, no se adoptaron medidas efectivas de protección.

Esa omisión fue clave para que el tribunal concluyera que el despido no solo fue injustificado, sino que además tuvo un carácter represalia, lo que activa la tutela laboral —un mecanismo excepcional dentro del derecho del trabajo chileno destinado a proteger derechos fundamentales—.

Condena económica y medidas obligatorias

Como resultado, la Municipalidad fue condenada al pago de indemnizaciones que incluyen años de servicio, recargos legales y compensaciones por vulneración de derechos fundamentales.

Además, el tribunal impuso una medida poco habitual: la obligación de implementar capacitaciones en derechos fundamentales dirigidas tanto a funcionarios como a autoridades municipales.

Este punto no es menor. Implica que el tribunal no solo sanciona un caso puntual, sino que detecta falencias institucionales en la gestión interna del municipio, bajo la administración actual.