“Uberlinda Aquea miente”: concejales de La Higuera acusan a alcaldesa de inoperancia tras remate de terreno municipal en Chungungo

La crisis por las deudas asociadas a las facturas de Rubén Dagoberto Berríos Ávila escaló con fuerza este fin de semana en la Municipalidad de La Higuera, luego de que la alcaldesa Uberlinda Aquea responsabilizara públicamente a la administración anterior y al concejo municipal por el remate de un terreno municipal de más de 12 hectáreas en Chungungo. La respuesta fue inmediata y particularmente dura.

A través de una declaración pública, los concejales Roquer González e Ivana Godoy acusaron directamente que “Uberlinda Aquea miente” y sostuvieron que los embargos y el remate ocurrido son consecuencia de la “inoperancia” de la actual administración y de su equipo jurídico.

La controversia comenzó luego de que la alcaldesa difundiera un video en las redes sociales oficiales del municipio afirmando que el terreno municipal “finalmente fue rematado”, vinculando el origen del problema a “facturas falsas” emitidas durante la gestión del exalcalde Yerko Galleguillos y a una “defensa totalmente deficiente” realizada en ese período.

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En ese registro, Aquea cuestionó además el avenimiento aprobado por el concejo municipal en agosto de 2024, asegurando que dicho acuerdo perjudicó al municipio porque “no habían plazos ni obligaciones” claras para concretar el pago comprometido, afirmando que cuando asumió la actual administración el embargo ya estaba avanzado.

Sin embargo, la versión de los concejales contradice directamente ese relato. En la declaración pública sostienen que el avenimiento fue aprobado precisamente para proteger el patrimonio municipal y evitar consecuencias más graves derivadas de juicios impulsados por empresas de factoring.

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“Uberlinda Aquea miente al atribuirnos responsabilidades”, señalaron expresamente los concejales, agregando que la alcaldesa “contaba con todas las facultades legales y judiciales para exigir el cumplimiento del avenimiento, ejercer nuevas acciones legales y continuar la defensa del patrimonio municipal”.

En el mismo documento, González y Godoy afirman que los embargos “son resultados de su inoperancia junto a su equipo jurídico al no presentar ninguna acción judicial para impedirlos”.

Según indican, en ese acuerdo Berríos reconoció que las facturas “no contaban con respaldo real”, que “no existieron servicios prestados ni estados de pago válidos” y que la municipalidad “no mantenía obligación alguna respecto de dichas deudas”, asumiendo él personalmente la responsabilidad frente a las empresas financieras involucradas.

La declaración también sostiene que el remate del terreno de Chungungo no correspondería a la misma causa vinculada al avenimiento, por lo que atribuyen la pérdida del inmueble exclusivamente a la falta de reacción de la administración actual frente a otro proceso judicial.

“Gracias a la nula reacción del municipio en esa causa es que se produjo el embargo y el remate de dicho terreno”, afirmaron.

El conflicto además adquirió un tono político y personal mucho más agresivo. Los concejales denunciaron haber sido amenazados constantemente con querellas por haber aprobado el avenimiento y anunciaron que recurrirán a la Contraloría y evaluarán presentar una acción por notable abandono de deberes contra la alcaldesa.

El episodio deja expuesta una fractura total entre la alcaldía y parte del concejo municipal, en medio de una crisis judicial y patrimonial que sigue creciendo. Mientras la administración de Aquea insiste en responsabilizar a decisiones adoptadas durante el período anterior, los concejales apuntan exactamente en sentido contrario: sostienen que el municipio sí tenía herramientas para evitar el desenlace y que el verdadero problema fue la falta de acción de la actual gestión frente a procesos que avanzaron hasta terminar en embargo y remate.