Corte revive permiso de Dominga en medio de escándalo

El tribunal acogió un recurso del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, lo que restablece transitoriamente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. La decisión se da a conocer mientras se investigan millonarios pagos de la minera a abogados vinculados a ministros de la Corte Suprema.

Para entender lo que ocurrió esta semana con el proyecto minero Dominga, primero hay que explicar algunos conceptos clave.

La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) es el documento que entrega el Estado a un proyecto —ya sea minero, inmobiliario, energético u otro— después de evaluar si cumple con la normativa ambiental vigente. Sin esa resolución, ninguna iniciativa puede construirse ni operar. Es, en simple, el permiso ambiental que permite que un proyecto exista.

Dicho esto, el lunes 16 de marzo la Corte de Apelaciones de Antofagasta tomó una decisión que remece nuevamente la historia de Dominga: acogió a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte y, además, suspendió los efectos de la sentencia del 20 de febrero que había anulado la RCA del proyecto minero.

¿Qué significa esto en la práctica? Que mientras la Corte Suprema revisa el caso, el permiso ambiental de Dominga vuelve a estar vigente de manera transitoria. El proyecto, por ahora, recupera su habilitación legal.

El tribunal explicó su decisión señalando que ejecutar el fallo anterior —el que anulaba la RCA— podría generar daños difíciles de reparar si después la Corte Suprema termina dando la razón a quienes recurrieron. Por eso, y mientras se resuelve el fondo del asunto, se suspendió esa sentencia.

¿Quién recurrió y por qué?
El recurso fue presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, una organización que ha respaldado históricamente el proyecto. Su presidente, Raúl Julio, valoró la decisión y envió un mensaje claro:

“Estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental. Queremos trabajar, queremos desarrollo y protección al medio ambiente”.

El dirigente también aprovechó de exigir celeridad: “Basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años”, agregó en un comunicado difundido esta semana.

El contexto que no se puede ignorar
Pero esta noticia no ocurre en el vacío. Detrás de la resolución judicial hay un escenario complejo que involucra millonarios pagos, abogados en prisión y a un ministro de la Corte Suprema.

Una investigación del medio Reportea, publicada en diciembre de 2025, reveló que entre marzo y diciembre de 2023 la empresa Andes Iron —controladora de Dominga— realizó pagos por $255,5 millones al estudio de abogados Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales.

¿Quiénes son esos abogados? Eduardo Lagos y Mario Vargas son dos de los socios del estudio. Actualmente se encuentran en prisión preventiva, acusados por la Fiscalía de pagar coimas a jueces en otra causa conocida como “Muñeca Bielorrusa”, un caso de corrupción que también involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Las cartolas bancarias muestran que los pagos de Andes Iron se realizaron en cuotas mensuales y fueron facturados como “honorarios asesoría jurídica”. Sin embargo, ninguno de esos abogados figura como representante legal de Dominga en los juicios ambientales.

De hecho, Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme —que sí lleva la defensa judicial de la minera—, declaró que “no tenía antecedente de que hubieran sido contratados por Andes Iron, pues no tuvieron rol alguno en las acciones judiciales que llevamos en nombre de la compañía”.

Entonces, ¿para qué eran los $255 millones? Fuentes del propio estudio Lagos y Vargas dieron versiones contradictorias: unos hablaron de “minutas legales” y otros reconocieron que se trató de labores de “lobby judicial”. Andes Iron, por su parte, emitió un comunicado rechazando cualquier irregularidad y asegurando que el contrato fue para “análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal”.

El vínculo con la Corte Suprema
La investigación también reveló que desde el estudio Lagos y Vargas se realizaron transferencias a María Cecilia Ramírez, esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, por un total de $18 millones en el mismo período en que se recibieron los pagos de Andes Iron.

El ministro Matus tiene en su lista de inhabilidades a los abogados Lagos y Vargas precisamente porque su cónyuge ha trabajado con ellos. Pese a ello, Matus ha redactado e integrado fallos favorables a Dominga en ocasiones anteriores, incluyendo una resolución de enero de 2024 que declaró inadmisible un recurso presentado por organizaciones ambientalistas.

El 16 de diciembre de 2025, el mismo día en que se publicó la investigación, Matus presentó una autodenuncia ante la Corte Suprema para que se investigue su posible inhabilidad. Al día siguiente, el Pleno del máximo tribunal acogió la solicitud y designó a un fiscal judicial para indagar los hechos.

Paralelamente, los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri (PS) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, lo que derivó en la apertura de una investigación penal contra Andes Iron y los abogados Lagos y Vargas por eventuales delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Las posturas en La Higuera
Mientras todo esto ocurre en tribunales y medios de comunicación, en la comuna de La Higuera —donde se emplazaría el proyecto minero-portuario— las opiniones siguen divididas.

Raúl Julio, del sindicato de pescadores de Totoralillo Norte, insiste en los beneficios económicos: “Exigimos la aprobación definitiva del proyecto Dominga, el fin de la burocracia y el inicio de la construcción para beneficio de nuestra comunidad”.

Pero también hay quienes rechazan el proyecto y observan con preocupación los nuevos antecedentes.

Rodrigo Flores, presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Archipiélago de Humboldt, fue categórico: “Con este nuevo antecedente queda demostrado que el dinero lo puede todo. No queremos que La Higuera se transforme en una zona de sacrificio. Aquí existen más de 1.500 empleos directos de pesca artesanal, y no vamos a permitir que un proyecto tan viciado como Dominga se instale”.

Nancy Duman, vocera de la Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, agregó: “Es indignante que un lugar único en el mundo como el Archipiélago de Humboldt esté en riesgo por un proyecto que avanza empujado por el conflicto de interés y la corrupción”.

¿Qué viene ahora?
Lo que sigue tiene dos caras:

En lo judicial: La Corte Suprema deberá pronunciarse sobre los recursos de casación que definen la validez de la RCA de Dominga. Mientras tanto, el permiso ambiental está vigente de manera transitoria.

En lo penal: La Fiscalía Nacional y el Poder Judicial tienen abiertas investigaciones para determinar si las victorias judiciales de la minera estuvieron contaminadas por pagos irregulares y tráfico de influencias.

Para los habitantes de La Higuera, la espera continúa. Trece años después de que el proyecto ingresara al sistema de evaluación ambiental, el futuro de Dominga sigue en manos de los tribunales. Y esta vez, con la sombra de la corrupción como telón de fondo.