Juzgado condena a Municipalidad de La Higuera por despido discriminatorio de abogado que trabajó 11 años a honorarios

El fallo ordena el pago de más de $98 millones en indemnizaciones y cotizaciones previsionales, además de una capacitación obligatoria en derechos fundamentales para funcionarios municipales.

El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena acogió la demanda del abogado Iván Olavarría Domínguez y condenó a la Ilustre Municipalidad de La Higuera por vulnerar su garantía de no discriminación con ocasión del despido, estableciendo que entre las partes existió una relación laboral entre el 15 de enero de 2013 y el 10 de diciembre de 2024, pese a que el vínculo fue formalizado mediante contratos a honorarios.

El fallo, dictado por la jueza Karen Alfaro López, estableció que el actor se desempeñó como único encargado de la asesoría jurídica del municipio por casi 12 años, cumpliendo horario de 8:30 a 17:30 horas, sujeto a control de asistencia biométrica y dependencia jerárquica de la alcaldía, con derecho a feriado legal y permisos, y percibiendo una remuneración fija mensual que al momento del despido ascendía a $4.021.860.

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La sentencia consideró que el término de la relación contractual, dispuesto mediante Decreto Alcaldicio N°5406 de 10 de diciembre de 2024 —apenas cuatro días después de que asumiera la nueva alcaldesa Uberlinda Aquea— obedeció a discriminación política. El tribunal valoró como indicios la cercanía del actor con el exalcalde Yerko Galleguillos, su conocida simpatía por la derecha, y el hecho de que fuera el único jefe de departamento desvinculado tras el cambio de administración.

La Municipalidad fue condenada al pago de una indemnización de 7 meses de remuneración ($28.153.020), indemnización sustitutiva del aviso previo ($4.021.860), indemnización por 11 años de servicio ($44.240.460) con su incremento del 50% ($22.120.230), más el pago de remuneraciones de diciembre de 2024, feriado legal y cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía adeudadas por todo el período laboral, alcanzando un total superior a los $98 millones. Además, deberá realizar una capacitación obligatoria en derechos fundamentales para todos los funcionarios con cargos de jefatura.

El tribunal rechazó la aplicación de la nulidad del despido del artículo 162 del Código del Trabajo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema que excluye dicha sanción para órganos de la Administración del Estado cuando el vínculo laboral es declarado judicialmente.

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La Municipalidad de La Higuera interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia, el cual fue declarado admisible por el juzgado y concedido para ser conocido por la Corte de Apelaciones de La Serena.