[Opinión] El cambio que no ha sido

El 6 de diciembre de 2024, La Higuera abría un nuevo capítulo político con la llegada de la nueva administración a la alcaldía. Se esperaba que el cambio fuera más que simbólico, que marcara un antes y un después tras la caótica gestión de Yerko Galleguillos. Hoy, más de medio año después, los signos de transformación son escasos, y lo que comenzó como una esperanza de renovación parece desdibujarse entre descoordinaciones, liderazgos difusos y errores que no pueden seguir atribuyéndose exclusivamente a la herencia recibida.

Lo que debería ser una administración marcada por el rigor y el compromiso con la transparencia, se ha ido tornando en una gestión improvisada, sin planificación política clara ni capacidad para anticipar escenarios críticos. El Concejo Municipal funciona sin cohesión ni dirección política del sector que llevó a Aquea al poder. Se responde tarde y mal a los problemas que la comunidad denuncia por redes sociales. Ya ocurrió, por ejemplo, con el traslado de estudiantes y las becas municipales. En lugar de gobernar con proactividad, se reacciona con torpeza.

Esta falta de proactividad se ve agravada por una actitud que desconcierta desde cualquier análisis político serio: la condescendencia permanente de la alcaldesa con los concejales de oposición, quienes han saboteado sistemáticamente acuerdos muy importantes para su administración. Lejos de tomar distancia o generar estrategias para aislar esas posturas obstruccionistas, Aquea parece empeñada en quedar bien con ellos, incluso a costa de debilitar su propio mandato. Esta conducta no solo demuestra una ingenuidad política, sino que refleja la ausencia de una lectura estratégica del poder local. En contextos de alta conflictividad institucional y herencia crítica, el capital político no se dilapida buscando validación en quienes no tienen interés en la gobernabilidad, sino que se construye con claridad programática, respaldo ciudadano y alianzas sólidas dentro del propio sector.

Por otra parte, la estructura administrativa municipal sigue capturada por los mismos nombres que protagonizaron la debacle anterior. El jefe de Finanzas, fuertemente cuestionado por su rol en el escándalo de las facturas falsas, sigue siendo el amo y señor de las finanzas comunales. Nada ha cambiado ahí. La Dirección de Administración y Finanzas (DAF) impone criterios sin contrapeso político ni técnico, y no es exagerado decir que el municipio parece gobernado por funcionarios que se sienten por encima de la alcaldesa. La autoridad formal existe, pero el poder real sigue desplazado hacia otros actores.

En el área jurídica, lejos de fortalecerse, la situación se ha agravado. La falta de conocimientos técnicos por parte del equipo asesor es evidente, y los pocos avances en los temas estratégicos -como la situación con los contratos de factoring- hacen pensar que se está incluso peor que con la administración anterior. De los sumarios por las responsabilidades dentro del municipio, ni hablar. Pareciera que se ha optado por una peligrosa inercia, la misma que favorece a los causantes de la crisis.

En salud, los problemas son aún más evidentes. La designación de Pedro Castillo, exalcalde de Combarbalá, como jefe del Centro de Salud, ha sido ampliamente cuestionada. Castillo ya tiene denuncias en Contraloría por malos tratos a funcionarios, y su influencia en La Higuera crece en la misma proporción en que se debilita la figura de la alcaldesa. ¿Gobierna Uberlinda Aquea o lo hace su entorno? La percepción de que otros toman las decisiones por ella se ha instalado, y con razón. Más desconcertante aún resulta que se haya autorizado para Castillo la realización de un diplomado en gestión y políticas en salud pública dictado por la Universidad Católica, con un costo cercano a los dos millones de pesos para las arcas municipales. Una decisión que, en el contexto actual, parece más orientada a mejorar su currículum que a resolver la profunda crisis que afecta al área de salud comunal.

Asimismo, el Partido Socialista, que podría haber sido un soporte para ordenar el desorden, aún no logra consolidar una dirección comunal ni ejercer el rol articulador que se necesita. Mientras tanto, en la interna, se siguen escuchando voces críticas sobre cómo se ha conducido la administración. Críticas que, como tantas otras, parecen ser descartadas por un entorno que no escucha y que aún no comprende que gobernar una comuna no es un ejercicio de soberbia, sino de responsabilidad.

Un momento de ingenuidad política fue el episodio protagonizado por Yerko Galleguillos en marzo de este año, cuando fue interceptado por Carabineros al acudir a pagar su permiso de circulación, demostrando el amateurismo político de la actual administración. La acción -impulsada desde el municipio- buscaba, al parecer, un golpe comunicacional contra el exalcalde, pero terminó revelando una desinteligencia preocupante. Las órdenes de arresto que supuestamente motivaban su detención habían perdido validez al momento de dejar el cargo, algo que cualquier asesor mínimamente informado debió haber anticipado. El espectáculo no solo fracasó, sino que mostró la falta de rigor jurídico y la obsesión con gestos simbólicos vacíos que poco aportan a la reconstrucción institucional. En vez de centrar sus energías en gobernar, se optó por un acto torpe, improvisado y contraproducente.

Asimismo, es evidente la desconexión entre el discurso y la práctica. Mientras se repiten eslóganes sobre el trabajo en terreno, el compromiso con el territorio y la cercanía con la gente, la administración se hunde en un desorden notorio. No basta con recorrer localidades o aparecer en actividades si el municipio no funciona como un todo articulado. La ciudadanía lo percibe, el caos se nota, se comenta, se acumula. Y aunque desde la administración intenten hacer como si nada ocurriera, la gente no es ingenua. En contextos de fragilidad institucional, cada error se magnifica, y sin una conducción clara, hasta las buenas intenciones terminan diluyéndose en la ineficiencia.

Uberlinda Aquea aún no decide si quiere ser la alcaldesa que representa a una comuna que lucha por salir del abandono, o si prefiere ser administradora de una continuidad maquillada, sostenida por pactos de conveniencia y amistades políticas. La paciencia se agota y la ciudadanía no esperará eternamente que se asuma el liderazgo que necesita.

Más de medio año puede parecer poco, pero es tiempo suficiente para marcar un rumbo. Ya no es válido escudarse en que “recién están comenzando” ni seguir culpando exclusivamente a la administración anterior. Al asumir el poder se supo perfectamente el estado en que se encontraba el municipio y, con ese diagnóstico a la vista, decidieron tomar el desafío. Gobernar implica hacerse cargo, no extender indefinidamente el estado de excusas. Si este rumbo no se corrige, lo que vendrá no será solo una decepción, sino una traición al espíritu de cambio que se prometió.

Miguel Torres Romero
Exalcalde de La Higuera
Cientista Político
Mg. (c) en Investigación Social
Universidad de Buenos Aires