Municipalidad de La Higuera enfrenta nuevo remate por más de $714 millones y gestión de Aquea es cuestionada

La Municipalidad de La Higuera enfrenta un nuevo remate de patrimonio municipal mientras la deuda perseguida judicialmente en una causa iniciada por una obligación de la administración anterior ya supera los $714 millones. El antecedente vuelve a poner bajo escrutinio la gestión de la actual administración, que asumió en diciembre de 2024 y que, pese a haber heredado parte importante del conflicto, ha debido enfrentar una situación que continúa generando costos financieros y pérdida de patrimonio municipal.

La nueva arista aparece en la causa “Tanner Servicios Financieros S.A. con Ilustre Municipalidad de La Higuera”, Rol C-2500-2022, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

Según la reliquidación efectuada por el tribunal el 7 de julio de 2026, el crédito alcanzaba entonces los $713.168.077, cifra que, sumadas las costas procesales y personales, elevaba el total a $714.933.397.

El monto considera un capital de $426.529.124 y más de $286 millones en intereses.

Pero existe un antecedente particular para evaluar la evolución del conflicto: durante 2026 ya se produjo un remate de un inmueble municipal. De acuerdo con la propia liquidación judicial, el procedimiento permitió obtener $80.448.125, monto que fue imputado al crédito el 13 de mayo.

El pago, sin embargo, no resolvió la situación. La deuda continuó vigente y los intereses siguieron acumulándose.

Otro inmueble municipal será rematado en octubre

Ahora, el tribunal fijó un nuevo remate para el 20 de octubre de 2026, a las 10:00 horas.

Esta vez se trata del Sitio N.º 4, ubicado en la comuna de La Higuera, inscrito a fojas 1772, número 1729, del Registro de Propiedad correspondiente al año 1990, que según antecedentes tiene viviendas de vecinos construidas en el lugar.

El mínimo de la subasta fue fijado en $12.458.593, correspondiente al avalúo fiscal considerado para las bases.

La actual administración municipal intentó objetar las condiciones del remate. A través de su representación judicial, sostuvo que el inmueble no corresponde a un terreno vacío y que existirían construcciones destinadas a habitación.

El municipio argumenta que el avalúo fiscal no necesariamente refleja las características materiales actuales del predio y advierte sobre el eventual perjuicio patrimonial que podría producir una venta por un monto que considere insuficiente.

Hasta aquí, la actuación judicial de la administración busca defender el valor del inmueble.

Pero el problema es que esta defensa ocurre después de que otro inmueble municipal ya fue rematado y mientras la deuda continúa acumulando intereses.

Set de fotografías que presentó la municipalidad del terreno embargado.

La pregunta que queda para la actual administración

Que la obligación se haya originado durante una administración anterior es relevante. Sin embargo, la actual administración no solo tiene la responsabilidad de denunciar o investigar lo ocurrido antes de diciembre de 2024, sino que también debe responder por la manera en que ha gestionado los conflictos que recibió.

Y ahí aparece una pregunta que los documentos judiciales permiten formular: ¿qué medidas concretas adoptó la administración de Uberlinda Aquea para evitar que una deuda de esta magnitud siguiera aumentando y terminara comprometiendo nuevos bienes municipales?

La liquidación judicial muestra que el problema no se detuvo con el cambio de administración. Por el contrario, mientras avanzaba la actual gestión, los intereses continuaron incrementando el monto perseguido y en mayo de 2026 un inmueble municipal debió ser realizado judicialmente.

Ahora, cinco meses después de ese remate, otro inmueble municipal tiene fecha para ser subastado.

La responsabilidad por el origen de la obligación deberá determinarse en las instancias correspondientes. Pero la responsabilidad de administrar el municipio desde diciembre de 2024 sí corresponde a la actual administración. Son cuestiones distintas que no deberían confundirse.

Ahora el municipio cuestiona la factura que origina la ejecución

La presentación realizada ante el tribunal contiene además un elemento que hace todavía más compleja la situación.

La Municipalidad de La Higuera sostiene que el crédito ejecutado “no constituye una obligación pacífica ni indiscutida” y cuestiona el origen de la factura N.º 591, que dio lugar al procedimiento.

Según el escrito presentado por el municipio, existirían antecedentes que cuestionan la existencia de una contratación válida, una orden de compra, una recepción conforme y un estado de pago que sustente la obligación.

La administración también cita el Informe Final N.º 590/2024 de la Contraloría Regional de Coquimbo y señala que existe una investigación penal iniciada por el propio municipio.

Esto es importante porque significa que, mientras el municipio enfrenta judicialmente la ejecución de la deuda, la propia administración está sosteniendo ante el tribunal que existen antecedentes para cuestionar la causa que dio origen al crédito.

Pero esa controversia deberá resolverse jurídicamente. El tribunal no ha establecido, con estos antecedentes, que la factura sea falsa ni que la deuda carezca definitivamente de fundamento.

Una administración que recibió problemas, pero también recibió la obligación de gestionarlos

La situación de Tanner no es un episodio aislado dentro del complejo escenario financiero y judicial que enfrenta La Higuera.

A las causas relacionadas con facturas y factoring se suman otros conflictos judiciales, obligaciones pendientes, controversias con proveedores y procesos que involucran patrimonio municipal.

La actual administración puede sostener que buena parte de estos problemas fueron originados antes de su llegada. Y ese antecedente debe ser considerado. Pero después de casi dos años al frente del municipio, la pregunta ya no puede limitarse exclusivamente a quién originó las obligaciones.

También corresponde examinar qué hizo la administración que asumió en diciembre de 2024 para contenerlas, defender oportunamente el patrimonio municipal y evitar que los costos siguieran creciendo.

En esta causa, los documentos judiciales muestran un resultado concreto: un inmueble municipal ya fue rematado, se obtuvieron $80,4 millones, la deuda siguió vigente y los intereses continuaron aumentando hasta superar los $714 millones. Ahora existe un segundo inmueble con remate fijado para octubre.

Y mientras eso ocurre, el municipio sostiene ante el tribunal que la factura que originó la ejecución presenta antecedentes que permiten cuestionar su causa.

La controversia sobre el origen de la deuda deberá resolverse en las instancias judiciales correspondientes. La gestión que la Municipalidad de La Higuera ha realizado frente a sus consecuencias, en cambio, es una cuestión que corresponde evaluar a partir de sus actuaciones y resultados desde que asumió la actual administración.