Comunales
Familias de La Higuera denuncian que se enteraron por redes sociales del remate de terreno donde están sus viviendas
Tres familias aseguran que viven en terrenos municipales que serán afectados por el proceso judicial derivado de la deuda con factoring. Acusan que la administración de Uberlinda Aquea conocía la situación, pero nunca les informó directamente y que debieron enterarse a través de redes sociales.
Tres familias aseguran que viven en terrenos municipales que serán afectados por el proceso judicial derivado de la deuda con factoring. Acusan que la administración de Uberlinda Aquea conocía la situación, pero nunca les informó directamente y que debieron enterarse a través de redes sociales.
La deuda que la Municipalidad de La Higuera arrastra por obligaciones vinculadas a factoring comienza a tener consecuencias que van más allá de las cifras judiciales y los bienes inscritos a nombre del municipio. Familias que viven desde hace años en terrenos municipales aseguran estar ahora enfrentadas al riesgo de perder el lugar donde tienen sus viviendas, sin haber recibido —según denuncian— ninguna comunicación formal de parte de la administración municipal.
El caso afecta a familias que viven en un lote ubicado en la localidad de La Higuera. Según el testimonio entregado a Red Comunales, serían cuatro grupos familiares los que ocupan el terreno, aunque solo una de las personas tendría actualmente título de dominio sobre su vivienda.
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El terreno continúa inscrito a nombre de la Municipalidad de La Higuera y, debido al procedimiento de ejecución iniciado por la deuda con Tanner Servicios Financieros, quedó incorporado entre los bienes municipales sujetos al proceso judicial.
Los vecinos aseguran que se enteraron de la situación a través de publicaciones en redes sociales y de la información difundida públicamente sobre el próximo remate.
“Estamos a punto de perder todo”, señala una de las personas afectadas, quien explica que las familias han construido sus viviendas en el lugar y que la situación les genera incertidumbre respecto de qué ocurrirá con sus casas y pertenencias si el terreno finalmente es adjudicado.
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El municipio sabía que había familias viviendo allí
Uno de los elementos que genera mayor cuestionamiento es que la Municipalidad de La Higuera sí tenía conocimiento de las condiciones existentes en el terreno.
En el marco de la causa judicial, la administración municipal presentó una objeción a las bases del remate y acompañó fotografías del inmueble para demostrar ante el tribunal que el sitio no correspondía simplemente a un terreno eriazo.
El municipio sostuvo que existen construcciones destinadas a habitación y que las características actuales del inmueble no estarían adecuadamente reflejadas en el avalúo fiscal utilizado como mínimo para la subasta.
Es decir, la administración municipal llevó al tribunal antecedentes destinados precisamente a acreditar que en el terreno existen construcciones.
Sin embargo, de acuerdo con el relato de las familias, esa misma información no habría sido comunicada directamente a quienes viven allí.
“Nosotros nos enteramos por una red social”, relata una de las afectadas, quien cuestiona que, pese a que la administración habría conocido la situación desde que asumió, no se haya contactado a las familias para advertirles sobre las consecuencias que podía tener el proceso judicial.
“¿Estaban esperando que vinieran a desalojarnos?”
En una publicación difundida en redes sociales, una de las personas afectadas reconoce que el origen de la deuda corresponde a una administración anterior y que la actual alcaldesa no generó originalmente esa obligación. Sin embargo, el cuestionamiento apunta directamente a la gestión realizada después del cambio de administración.
“Sabemos que la alcaldesa no es culpable de la deuda que ya estaba de antes que asumiera”, plantea la vecina, pero agrega que la nueva administración debió haber advertido a las personas que podían verse afectadas por los procesos de embargo y remate.
El reclamo se concentra, por tanto, no en atribuir a la actual alcaldesa el origen de la deuda, sino en la respuesta que tuvo la municipalidad frente a sus consecuencias.
“Ellos como autoridad deberían velar por los vecinos”, señala la publicación, cuestionando que las familias hayan tenido que enterarse por redes sociales y no mediante una comunicación directa del municipio.
La vecina incluso plantea una pregunta que resume la preocupación de las familias: “¿Qué estaban esperando, que vinieran a desalojarnos de nuestros hogares?”
Una deuda municipal con efectos sobre particulares
El caso introduce una nueva dimensión en el conflicto por las obligaciones municipales con empresas de factoring. Hasta ahora, la discusión se había concentrado principalmente en los montos adeudados, los intereses, los procesos judiciales y el riesgo de pérdida de patrimonio municipal.
La situación de estas familias genera un problema adicional: los terrenos que aparecen jurídicamente como patrimonio municipal no necesariamente están desocupados ni carecen de construcciones o personas que los habitan.
De hecho, ese fue uno de los argumentos utilizados por la propia Municipalidad de La Higuera para objetar las bases del próximo remate.
El municipio sostuvo ante el tribunal que el inmueble tiene construcciones y que el avalúo fiscal no refleja necesariamente sus características actuales. Sin embargo, los vecinos sostienen que nadie de la administración se habría acercado a explicarles qué ocurriría con sus viviendas.
El remate está fijado para octubre
La causa Tanner contempla un nuevo remate para el 20 de octubre de 2026, correspondiente al Sitio N.º 4 de la comuna de La Higuera, con un mínimo de $12.458.593.
La deuda total liquidada judicialmente al 7 de julio alcanzaba $714.933.397, incluyendo capital, intereses y costas. A esa fecha ya se había imputado a la deuda un pago de $80.448.125 obtenido mediante el remate de otro inmueble municipal.
La administración de Aquea ha cuestionado judicialmente las condiciones de la nueva subasta y también ha planteado que el crédito que origina la ejecución no sería una obligación pacífica ni indiscutida, haciendo referencia a antecedentes administrativos, un informe de Contraloría y una investigación penal.
Pero para las familias que viven en los terrenos afectados, la discusión es mucho más concreta: qué ocurrirá con sus casas si el terreno es finalmente rematado y por qué tuvieron que enterarse de esa posibilidad a través de las redes sociales.
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