Concejo Municipal de La Higuera aprueba informe PMG con metas vagas y objetivos genéricos

En la sesión del martes 15 de abril, el Concejo Municipal de La Higuera aprobó el informe de evaluación del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2024 con seis votos a favor y uno en contra, correspondiente a la concejala Ivonne Valenzuela. La aprobación se concretó pese a serios cuestionamientos sobre la baja exigencia de las metas, la falta de resultados verificables y la controvertida participación de la alcaldesa Uberlinda Aquea, quien votó a favor del documento que le permitirá recibir directamente el bono asociado, en un posible conflicto de interés.

El informe, elaborado por la Dirección de Control del municipio, reporta que siete de las ocho unidades municipales alcanzaron el 100% de sus metas institucionales. Sin embargo, un análisis más detenido del contenido evidencia que la mayoría de los objetivos fueron tareas administrativas diarias sin efecto tangible en la comunidad.

Entre las acciones destacadas por el PMG se incluyen la reparación del edificio consistorial, la realización de apenas 115 entrevistas sobre seguridad ciudadana (para una población de más de 4500 habitantes) y la formulación de proyectos para acceso a energía solar. Si bien se trata de iniciativas importantes, su cumplimiento no necesariamente refleja avances estructurales en la gestión ni responde a prioridades comunitarias urgentes.

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En el caso de SECPLAN, se limitó a formular proyectos para paneles solares y mejoramiento de plazas, sin asegurar financiamiento ni identificar beneficiarios. La Dirección de Control, por su parte, celebró la capacitación de cinco funcionarios en materia de lavado de activos, una meta que resulta desconectada de la realidad de una comuna sin antecedentes en esta materia.

La Secretaría Municipal reportó 100% de cumplimiento por digitalizar decretos 2020-2021 y crear un correo electrónico para transparencia pasiva, metas puramente administrativas que no midieron si realmente mejoraron el acceso a la información ciudadana. Brahian Camacho, cientista político y magister en Políticas Públicas, cuestiona que se declare éxito completo sin evaluar “cuántas solicitudes de transparencia se resolvieron mediante el nuevo correo, si los vecinos pueden acceder fácilmente a los decretos digitalizados, o si estos cambios redujeron los tiempos de respuesta a requerimientos ciudadanos, limitándose a un cumplimiento formal sin impacto verificable en la gestión pública”.

Uno de los hechos más graves es que la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) no actualizó el Plan Comunal de Emergencia, incumpliendo la Ley 21.364, que establece esta obligación como eje central de la gestión local frente a riesgos como sismos, sequías e incendios.

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Los montos asociados al cumplimiento del PMG —cifrados preliminarmente en casi $200 millones— se pagarán en cuatro cuotas durante el año (mayo, julio, octubre y diciembre).

Conflicto de interés en votación

Uno de los elementos más polémicos de la jornada fue la participación de la alcaldesa Uberlinda Aquea en la votación, pese a ser beneficiaria directa del bono PMG. De acuerdo con la probidad administrativa, las autoridades deben abstenerse de intervenir en decisiones en las que tengan interés personal, lo que podría constituir una infracción grave y derivar en acciones ante la Contraloría General de la República.

Además, durante la sesión, el asesor jurídico Ángelo Hernández Pizarro —sentado junto a la alcaldesa— no advirtió sobre el posible conflicto de interés al emitir su voto, lo que han catalogado como improvisación en temas que exigen claridad legal y resguardo institucional.