Alcaldesa de La Higuera dice que municipio no tiene recursos, pero paga millonaria indeminzación a exfuncionaria de salud

La sesión del Concejo Municipal de La Higuera del pasado 10 de febrero aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria por $11.489.000, destinada al pago de una indemnización a una funcionaria del Departamento de Salud.

El documento oficial señala que el monto corresponde a “mayor aporte municipal para el pago de indemnización a funcionaria Depto. de Salud”, imputado al ítem “Desahucios e Indemnizaciones”. Sin embargo, durante la sesión no se habría informado públicamente el nombre de la funcionaria beneficiada ni los detalles que motivaron el pago.

La aprobación del acuerdo se realizó sin mayores consultas ni solicitudes de antecedentes por parte de los concejales, lo que ha generado cuestionamientos internos respecto a la transparencia del proceso y a la forma en que se llegó a la decisión.

¿Despido o acuerdo previo?

Según diversas fuentes del CESFAM de La Higuera, cuya identidad se mantiene en reserva por temor a eventuales represalias laborales, la funcionaria desvinculada mantenía contrato indefinido y el término de su relación laboral se habría producido en un contexto que no ha sido explicado formalmente al personal.

Algunas versiones internas sostienen que podría haberse tratado de un término por necesidades del servicio. Otras apuntan a que existiría un acuerdo previo entre las partes, que habría contemplado el pago de la indemnización con la eventual posibilidad de una futura recontratación dentro del propio municipio. Esta última versión tendrá que ser confirmada oficialmente por el municipio.

Cuestionamientos internos sobre desempeño

Trabajadores del área de salud consultados por este medio señalan que durante el último tiempo habrían existido reclamos internos respecto al desempeño de la funcionaria en determinadas funciones, especialmente en programas vinculados a población vulnerable.

Algunas fuentes afirman que se habría cuestionado el cumplimiento efectivo de jornadas laborales y la ejecución de visitas o actividades que figuraban en registros administrativos. Incluso, de manera extraoficial, se mencionan conductas como presunto ausentismo funcional dentro de la jornada o dedicación a actividades personales en horario de trabajo.

Estas afirmaciones corresponden exclusivamente a testimonios de funcionarios que pidieron reserva de identidad y no constan, hasta ahora, en informes administrativos públicos ni en sumarios conocidos.

Falta de información oficial

Hasta el momento, el municipio no ha publicado el decreto de término de contrato ni ha detallado la causal invocada para la desvinculación. Tampoco se ha informado si el pago responde estrictamente a una obligación legal por años de servicio o si se trató de una negociación extrajudicial.

El hecho de que la modificación presupuestaria haya sido presentada únicamente bajo el concepto genérico de “modificación de dotación” y “mayor aporte municipal” ha aumentado las dudas sobre la claridad del procedimiento.

Contexto financiero complejo

La indemnización se suma a otros pagos recientes por conceptos judiciales y extrajudiciales que ha debido enfrentar la municipalidad en los últimos meses, en un escenario marcado por déficit presupuestario y múltiples compromisos financieros pendientes.

Diversas voces dentro del propio municipio han manifestado preocupación por el aumento de recursos destinados a indemnizaciones, que ya superarían los $100 millones solo en el periodo de Uberlinda Aquea.