La Higuera: una solicitud por una planta minera expone fallas del municipio y abre un caso en Contraloría y Transparencia

Lo que comenzó como una solicitud de información terminó abriendo una serie de dudas sobre el funcionamiento interno de la Municipalidad de La Higuera. Un vecino pidió antecedentes sobre una planta minera ubicada en la comuna. La respuesta que recibió no solo fue insuficiente, sino que apuntaba a otra persona, a otra propiedad y a otro caso.

El 21 de febrero de 2026, el requerimiento ingresó por la vía formal de transparencia. Se pedían documentos básicos para cualquier proyecto de este tipo: recepción de obras, expediente aprobado, resolución sanitaria y registros de fiscalización. Nada fuera de lo habitual. Sin embargo, la respuesta municipal, emitida el 14 de marzo, no abordó ninguno de esos puntos.

De acuerdo con el reclamo presentado ante el Consejo para la Transparencia, la información entregada no tenía relación con la solicitud original y correspondía a antecedentes de un tercero ajeno. La situación no solo dejó sin respuesta la consulta inicial, sino que abrió otro problema: la eventual exposición de datos personales sin justificación.

Mientras el caso avanzaba por esa vía, un oficio de la Dirección de Obras Municipales sumó un nuevo elemento. Tras revisar sus registros, la unidad señaló que no existen antecedentes asociados a la materia consultada. La afirmación introduce una tensión difícil de ignorar: la solicitud apunta a una actividad específica, identificable, pero la institución encargada de supervisarla declara no tener registros.

En paralelo, el denunciante sostiene que la planta estaría operando con irregularidades, sin contar con todos los permisos necesarios y generando posibles riesgos ambientales.

En los antecedentes que acompañan la denuncia, el denunciante va más allá del problema administrativo y formula acusaciones directas contra la alcaldesa y el funcionamiento del municipio. En el documento, se plantea la existencia de una eventual “red de corrupción” que operaría al interior de la municipalidad, acusando a la autoridad comunal de comprometer su rol fiscalizador al permitir —según se señala— el funcionamiento de una planta minera sin cumplir con requisitos básicos como permisos de edificación, recepción de obras y resolución sanitaria. En ese mismo contexto, la denuncia sugiere un posible vínculo entre la alcaldesa y los responsables de la empresa asociada al proyecto, mencionando incluso un eventual parentesco y un supuesto financiamiento de campaña que habría otorgado “blindaje” a la actividad. Estas acusaciones forman parte del contenido de la denuncia y no han sido corroboradas.

El caso, sin embargo, ya trascendió el plano individual. Un grupo de concejales de la comuna informó que acudieron a la Contraloría Regional de Coquimbo para presentar antecedentes que —según indicaron— buscan esclarecer eventuales irregularidades en la gestión municipal. No se han hecho públicos los detalles de esa presentación, pero su existencia indica que las dudas no se limitan a una denuncia aislada.

El reclamo ya está en manos del Consejo para la Transparencia, que deberá determinar si hubo incumplimientos en la respuesta entregada. En paralelo, se espera conocer si la Contraloría decide abrir una investigación formal a partir de la presentación realizada por los concejales.