El agua que no llega a los vecinos: municipio de La Higuera abastecía con camiones aljibes a faena minera privada

Mientras comités de agua potable rural (APR) y algunas familias de La Higuera esperaban turno para recibir agua de emergencia en una de las comunas más afectadas por la escasez hídrica de la región, los camiones aljibes municipales estaban abasteciendo a una faena minera privada. No es una versión: es lo que el propio empresario declaró ante el organismo fiscalizador del Estado.

Lo que nadie en el municipio ha explicado hasta hoy es si eso ocurrió, quién lo autorizó y qué responsabilidad le cabe al encargado municipal de emergencia —el funcionario a cargo de coordinar la distribución de los camiones aljibes y controlar a qué domicilios o predios se les entrega el recurso— y mano derecha de la alcaldesa. Por normativa, esa persona debe llevar un registro de cada despacho y verificar que los beneficiarios sean hogares catastrados mediante la Ficha Básica de Emergencia Hídrica. Si los camiones fueron a una faena industrial, alguien autorizó o toleró cada uno de esos viajes. El municipio no ha abierto ningún sumario interno, no ha suspendido a ningún funcionario y no ha dado explicación pública sobre el punto.

Lo que se dijo en el Concejo Municipal

El 24 de marzo, en sesión del Concejo Municipal de La Higuera, un funcionario del Departamento de Obras Municipales —citado por la alcaldesa Uberlinda Aquea para responder a una denuncia pública sobre una planta minera privada— anunció que en el plazo de la próxima sesión entregaría a los concejales una carpeta completa con todos los antecedentes del caso. Han pasado casi dos meses. Los concejales confirman que esa carpeta nunca llegó.

El compromiso era simple y concreto: un informe sobre la Planta Minera Sor Teresa, operada por Industrial Minera El Trapiche SpA en el sector El Trapiche, que respondiera a la pregunta que una denuncia ciudadana había instalado en el concejo: ¿cómo es posible que los camiones aljibes municipales —destinados por ley al consumo humano de familias en situación de escasez hídrica— estuvieran abasteciendo a una faena industrial privada?

Lo que SERNAGEOMIN ya había constatado

La pregunta no era retórica. El Oficio Ordinario N° 469 del 20 de marzo de 2026, emitido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) tras una fiscalización realizada el 11 de ese mes, dejó constancia de que el propio productor minero Jacobo Rojas Valenzuela declaró ante la autoridad que se abastecía de agua industrial “por medio de camiones aljibes de la municipalidad de La Higuera“.

El agua de emergencia distribuida por los municipios en el marco del Programa de Respuesta para la Emergencia Hídrica (PREH) está reservada, por la Circular N° 07 de enero de 2024 de la Subsecretaría de Interior, exclusivamente a hogares catastrados mediante la Ficha Básica de Emergencia Hídrica. Las empresas están expresamente excluidas como beneficiarias. El hallazgo fue tan grave que la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, mediante Oficio N° 195 del 25 de marzo, derivó formalmente la denuncia a la alcaldesa, señalando que “no es esta autoridad la que autoriza la entrega de agua potable a una persona en particular y mucho menos a una empresa“.

Hasta la fecha, el municipio no ha dado respuesta pública a ese oficio.

Lo que dijo la alcaldesa en el concejo

En la sesión del 24 de marzo, cuando el secretario municipal leyó la carta que denunciaba estos hechos —incluyendo acusaciones sobre eventuales vínculos entre la administración y los propietarios de la empresa—, la alcaldesa Aquea respondió negando conocer a las personas involucradas y descartando cualquier relación de parentesco o financiamiento de campaña. “Ni siquiera conozco a las personas, nunca la he visto”, declaró ante los concejales.

Una abogada del municipio sostuvo que, en ese momento, la denuncia era solo la versión de un particular sin pruebas verificadas y que correspondía iniciar un procedimiento formal. Afirmó que los actos administrativos existentes “gozan de presunción de legalidad mientras no exista prueba al contrario“.

El funcionario de Obras, por su parte, señaló que la patente de la empresa data de 1987, que ha pasado por distintas administraciones y que se renueva regularmente —siendo la vigente hasta el 30 de junio de 2026—. Informó que al día siguiente realizarían una fiscalización al predio y prometió tener “un informe completo” para la siguiente sesión o cuando la alcaldesa lo determinara.

Esa carpeta nunca llegó.

El expediente que no cuadra

Mientras el municipio invoca la presunción de legalidad de sus actos administrativos, los documentos disponibles presentan una brecha que el informe prometido debería explicar.

El certificado de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos, correspondiente al primer semestre de 2026, registra el predio Rol 51-084 —donde opera la Planta Sor Teresa— con un avalúo total de $5.340.268, clasificado con destino agrícola. La patente municipal que paga la empresa sería de $40.000 por semestre, según los antecedentes de la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República.

Sin embargo, una tasación comercial realizada en abril de 2025 por el ingeniero civil en minas Rodrigo Gallardo (4G Ingeniería), a solicitud de la propia empresa, valoró las instalaciones industriales sobre ese mismo terreno en $12.000.000.000 (doce mil millones de pesos). El informe detalla una planta procesadora de minerales con chancadores primario, secundario y terciario, molino de bolas, clasificador helicoidal, celdas de flotación, espesadores de concentrado, tranque de relaves, subestación eléctrica de 1.000 KVA, generador diésel de 600 KW, barrios cívicos, comedor, casino y romana de 100 toneladas, entre otros equipos.

La Dirección de Obras Municipal no registra carpeta de edificación ni recepción de obras para estas instalaciones. La planta tampoco cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La faena sí tiene permisos sectoriales de SERNAGEOMIN —Resolución Exenta N° 8/2025 para la planta de beneficio y N° 718/2024 para el tranque de relaves—, pero los permisos que le corresponde otorgar al municipio están ausentes.

El caso en el Consejo para la Transparencia

Cuando un ciudadano solicitó por la Ley de Transparencia los permisos de edificación de la propiedad, el municipio entregó información que no correspondía a lo solicitado. El caso fue admitido a tramitación por el Consejo para la Transparencia bajo el rol C3181-26, ingresado el 14 de marzo de 2026. Al 20 de mayo se encontraba en etapa de sistema anticipado de resolución de controversias, activa desde el 11 de abril. La DOM no ha respondido.

Dos meses de silencio

La concejala Ivonne Valenzuela fue la más directa en la sesión del 24 de marzo: “eso no quita del tema”, dijo al escuchar los argumentos de la alcaldesa. “Es necesario que a esta empresa se le haga una fiscalización como corresponda. Lamentablemente hoy en día usted es la nueva administración y hay que dar respuesta a esto”

La fiscalización al predio se realizó al día siguiente, el 25 de marzo, según informó el funcionario de Obras. Pero los resultados de esa visita, el informe prometido y la carpeta con antecedentes que se comprometió entregar al concejo nunca llegaron.

Concejales de La Higuera confirmaron a esta redacción que, a la fecha de publicación de esta nota, no han recibido ningún documento del municipio sobre este caso.