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Nuevos juicios laborales contra la Municipalidad de La Higuera podrían elevar indemnizaciones a más de $600 millones
Los despidos en la Municipalidad de La Higuera continúan generando controversias, luego de que se conociera que al menos 12 exfuncionarios presentaron demandas por despido injustificado tras la llegada de la alcaldesa Uberlinda Aquea. Ahora, dos nuevos juicios laborales se suman al escenario, incorporando a cinco profesionales de SECPLAN y DOM, lo que podría elevar el monto total de las indemnizaciones demandadas a más de $600 millones de pesos.
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Los despidos en la Municipalidad de La Higuera continúan generando controversias, luego de que se conociera que al menos 12 exfuncionarios presentaron demandas por despido injustificado tras la llegada de la alcaldesa Uberlinda Aquea. Ahora, dos nuevos juicios laborales se suman al escenario, incorporando a cinco profesionales de SECPLAN y DOM, lo que podría elevar el monto total de las indemnizaciones demandadas a más de $600 millones de pesos.
Las acciones legales interpuestas ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena alegan, principalmente, vulneración de derechos fundamentales, falta de pago de cotizaciones previsionales y el uso de contratos a honorarios para funciones permanentes, lo que encubriría una relación laboral sujeta al Código del Trabajo.
Las críticas no se han hecho esperar. Algunas voces locales han calificado la ola de despidos como un acto de “sectarismo político”, cuestionando la decisión de la alcaldesa de remover a funcionarios, sin considerar su desempeño ni trayectoria, sino únicamente por haber sido contratados bajo administraciones anteriores.
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“El socialismo democrático no se ve representado en actitudes reprobables y repudiables como ésta”, señaló una fuente que además advirtió sobre la gravedad del escenario financiero: “Las demandas por temas previsionales y ley Bustos podrían costarle a la comuna más de $600 o $700 millones de pesos. Los juicios los perderán sin remedio”.
También hay reparos hacia la estrategia jurídica adoptada por la nueva administración, que ya habría transado en al menos tres causas laborales heredadas del periodo anterior, que se podrían haber ganado, generando cuestionamientos sobre la capacidad técnica del equipo jurídico municipal actual.
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