Concejala Ivonne Valenzuela desmiente sentencia por acoso laboral y acusa que municipio de La Higuera la dejó fuera del proceso

La reciente sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena que condenó a la Municipalidad de La Higuera por vulneración de derechos fundamentales abrió un nuevo flanco, esta vez desde el interior del propio municipio.

La concejala Ivonne Valenzuela, mencionada en el fallo como protagonista de los hechos de acoso laboral, aseguró que nunca fue notificada del proceso judicial ni informada por el municipio de que su nombre formaba parte de la demanda, señalando que se enteró de la situación únicamente a través de la prensa.

Según indicó, durante toda la tramitación de la causa no fue citada a declarar ni tuvo oportunidad de entregar su versión de los hechos, cuestionando directamente la forma en que se establecieron las conclusiones del tribunal.

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“Todo lo que se señala es falso. El único vínculo que tuve con la demandante fue cuando me desempeñaba como presidenta del Comité de Agua Potable de La Higuera, mucho antes de asumir como concejala. Ese cargo lo dejé al momento de presentar mi candidatura y, desde que asumí como concejala, nunca me acerqué a hablar con ella”, afirmó, agregando que iniciará acciones legales para esclarecer lo ocurrido y desmentir los antecedentes contenidos en la sentencia.

Un conflicto que apunta al interior del municipio

El fallo judicial estableció que una trabajadora municipal fue objeto de agresiones verbales en 2024, incluyendo episodios en los que —según la sentencia— la concejala habría gritado, golpeado un escritorio y amenazado a la funcionaria en dependencias municipales.

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Sin embargo, la autoridad comunal cuestiona que dichos hechos hayan sido acreditados sin su participación en el proceso, apuntando a una eventual omisión por parte de la propia Municipalidad de La Higuera en su deber de informar y coordinar la defensa.

Responsabilidad institucional en el centro del fallo

Más allá de la controversia, la sentencia no solo se centra en los hechos atribuidos a la concejala, sino que establece responsabilidad directa de la Municipalidad —encabezada por la alcaldesa Uberlinda Aquea Barraza— por no haber adoptado medidas tras la denuncia de la trabajadora.

El tribunal concluyó que existió vulneración a la integridad psíquica y a la garantía de indemnidad, vinculando el despido de la funcionaria con la falta de acción institucional frente a los hechos denunciados.