Alcaldesa de La Higuera arriesga multa personal por incumplir orden del Consejo para la Transparencia

La alcaldesa de la Municipalidad de La Higuera, Uberlinda Aquea, arriesga una multa personal por no dar cumplimiento íntegro a una resolución firme del Consejo para la Transparencia, que ordenó actualizar la información publicada en el portal de Transparencia Activa del municipio.

De acuerdo con una revisión realizada al 2 de enero de 2026, el sitio web municipal mantiene información desactualizada en algunas áreas. En particular, los antecedentes sobre personas naturales contratadas a honorarios solo se encuentran publicados hasta julio de 2025, mientras que en el área de salud falta al menos el mes de noviembre de 2025, incumpliendo la obligación legal de actualización mensual. En contraste, los ítems de personal de planta y a contrata sí se encuentran al día.

Estos incumplimientos persisten pese a la decisión Rol C10977-25, dictada el 16 de diciembre de 2025, mediante la cual el Consejo para la Transparencia acogió un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa y requirió expresamente a la alcaldesa publicar información actualizada a septiembre de 2025, otorgando un plazo máximo de 10 días hábiles para dar cumplimiento.

La resolución fue explícita al advertir que la actualización de la información debe realizarse mensualmente y dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, conforme a la Ley de Transparencia y su reglamento. Asimismo, señaló que el incumplimiento injustificado de una orden a firme puede ser sancionado con una multa personal equivalente al 20% o hasta el 50% de la remuneración de la autoridad responsable.

El caso se enmarca en una serie de observaciones previas realizadas por la Contraloría Regional de Coquimbo, que ya había cuestionado la falta de ajustes en pagos de honorarios considerados excesivos y la persistente desactualización de información pública relevante.

A enero de 2026, la falta de cumplimiento íntegro de la resolución del órgano garante de la transparencia expone directamente a la alcaldesa a una sanción económica personal, al mantenerse incumplidas obligaciones legales básicas destinadas a asegurar el acceso oportuno y completo a la información pública.